Guerra diplomática con la ONU: el Gobierno impugna el informe que pide liberar a los líderes del 'procés'

En respuesta a las preguntas de los periodistas, la portavoz Isabel Celaá ha informado de que el Gobierno de España ha expresado a Naciones Unidas su malestar por un informe de su grupo de trabajo de detención arbitraria que solicita la puesta en libertad de varios de los políticos catalanes que permanecen en prisión preventiva y que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. La portavoz ha explicado que el Ejecutivo ha presentado dos notas verbales en las que se solicita la revisión del informe por los errores y distorsiones que contiene y se alega conflicto de intereses. También ha emitido una queja porque no se respetó el plazo de embargo de 48 horas de que debía disponer el Gobierno antes de que el informe se trasladara a la parte denunciante. El informe, ha afirmado Celaá, "parece desconocer el delito por el cual están inculpadas las personas que están en el procedimiento judicial y la separación de poderes, y hay una interferencia clara justo antes de que el Tribunal esté a pocos días de ver la causa para sentencia". El Gobierno también considera que existe conflicto de intereses, ya que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo de la ONU han compartido tareas como relatores con uno de los letrados de los políticos procesados. "Esto hubiera exigido su abstención en el tratamiento de este caso", ha señalado la ministra. Isabel Celaá ha afirmado que el Gobierno de España apoya y respeta los procedimientos especiales de la ONU y que siempre va a estar dispuesto "a prestar su apoyo" para reforzar y mejorar esta parte de su estructura. "Es muy importante que se doten de financiación transparente que impidan que puedan ser objeto de manipulación, desinformación e intoxicación", ha concluido. Por otro lado, la portavoz ha resaltado la importancia de la reciente resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que, por unanimidad, ha respaldado al Tribunal Constitucional en su decisión de suspender la sesión plenaria del 9 de octubre de 2017 del Parlament, en la que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tenía la intención de declarar la independencia de Cataluña.