El Gobierno acude al Constitucional contra el Parlament y pone a los abogados del Estado a defender a policías
Moncloa activa la vía judicial para frenar debates sobre autodeterminación y ordena a los servicios jurídicos públicos respaldar a las Fuerzas de Seguridad.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Ejecutivo ha decidido frenar por la vía judicial las iniciativas del Parlament de Cataluña sobre autodeterminación y monarquía acudiendo al Tribunal Constitucional. Además, pide al Consejo de Estado que revise con urgencia una moción aprobada el 24-10-2019 y ordena formalmente a la Abogacía del Estado que asuma la defensa legal de policías nacionales y guardias civiles que afronten causas judiciales por su trabajo.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio y de la activación de recursos jurídicos ordinarios del Estado que ya están en nómina.
¿Quién sale ganando con esto?
Por un lado, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que contarán con la cobertura y representación de los letrados públicos ante los tribunales. Por otro lado, el Gobierno central, que busca blindar la legalidad constitucional frente a las resoluciones autonómicas.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
No hay partidas de dinero ocultas ni ayudas fantasma, pero sí el empleo de los letrados del Estado —cuyo sueldo sale íntegramente de los impuestos ciudadanos— para batallas jurídicas derivadas de la tensión política y las actuaciones policiales en Cataluña.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Se aplica de manera inmediata desde su aprobación en Consejo de Ministros. La presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional y la personación de la Abogacía General del Estado en los juzgados se ejecutan de oficio, sin que el ciudadano deba realizar ningún trámite.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Incidentes de ejecución ante el Tribunal Constitucional
Redacción burocrática original: