Volver a PortadaReunión del Consejo: 27-12-2019
27-12-20192 min de lectura5 visitas

Balance de fin de año del Gobierno: balance político y repaso de gestión sin medidas directas para el bolsillo

La portavoz del Ejecutivo hace balance de su gestión en funciones y reclama apoyos parlamentarios para desbloquear la legislatura.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

En esta comparecencia no se ha aprobado ninguna ley ni partida económica nueva. El Ejecutivo en funciones ha utilizado la rueda de prensa para hacer un balance político de su gestión pasada (como la ampliación de permisos parentales o la oferta de empleo público) y pedir el apoyo del resto de fuerzas políticas para formar gobierno.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de una comparecencia política y balance de gestión sin asignación presupuestaria.

¿Quién sale ganando con esto?

Principalmente el propio Gobierno en funciones, que aprovecha los canales oficiales de Moncloa para defender su relato político, justificar sus decisiones y presionar a la oposición de cara a una futura investidura.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

Sí. Se presentan intenciones y compromisos de futuro como si fueran hechos consumados, cuando la realidad es que un Gobierno en funciones no puede aprobar nuevas leyes de calado ni Presupuestos Generales del Estado sin tener antes los apoyos parlamentarios amarrados.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: los ciudadanos no tienen que realizar ningún trámite ni solicitar nada, ya que se trata únicamente de declaraciones políticas e intenciones programáticas.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Gobierno de progreso para 2020

Redacción burocrática original:

Al inicio de su intervención en la rueda de prensa, la portavoz ha manifestado su deseo de abrir una nueva etapa en 2020 con "un Gobierno de progreso en el que la igualdad, la justicia social, el feminismo, el ecologismo y el europeísmo sean los motores" de su acción. Isabel Celaá ha abogado por consolidar el diálogo y la voluntad de entendimiento e integrar las diferencias para asegurar la convivencia dentro de la diversidad territorial y la pluralidad ideológica del país, en el marco del Estado de derecho. Asimismo ha reiterado que salir del bloqueo político es una responsabilidad de quien ha ganado las elecciones, pero también del resto de fuerzas parlamentarias. Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaCelaá ha recordado que en 2019 se aprobó la mayor oferta de empleo público desde 2008, se revirtieron los recortes en Educación y se presentaron la Agenda del Cambio y un Marco Estratégico de Energía y Clima. En material laboral, se puso en marcha el Plan Director por un Trabajo Digno, el plan de retorno para exiliados y el primer Plan Estratégico de Formación Profesional. Además, se inició la equiparación progresiva, hasta 2021, de los permisos de maternidad y paternidad y se impulsó la protección de las víctimas de la violencia de género. A propósito de los 15 años de la ley integral contra la violencia de género, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha presentado hoy al Consejo de Ministros un balance de la norma. Por otra parte, el Ejecutivo autorizó que las comunidades autónomas pudieran reinvertir su superávit de 2018, culminó el proceso de exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y España organizó la Cumbre del Clima. En el ámbito económico, Isabel Celaá ha insistido en que hay que tomar decisiones inmediatas para proteger a los más desfavorecidos y atender las necesidades de los ciudadanos. En el terreno judicial, la portavoz ha trasladado que hay que dejar que los tribunales actúen conforme al principio de legalidad. A su juicio, las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea "no pueden ser consideradas como un varapalo para la justicia española" porque no hay dos justicias: "Hay solo una porque España es miembro pleno de las instituciones europeas y los jueces europeos son tan nuestros como los nacionales". En cuanto al Tribunal Supremo, Celaá ha opinado que "aplicará la ley con proporcionalidad y de acuerdo con los principios de legalidad que emanan de la Constitución y del propio Tratado de la Unión Europea".