El Gobierno declara la emergencia climática: hoja de ruta con 30 compromisos y futuras leyes verdes

El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración de Emergencia Climática, un documento con 30 líneas de acción prioritarias para luchar contra el cambio climático y favorecer la salvaguarda del medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que los riesgos actuales derivados del impacto del cambio climático están ya considerados como los más relevantes desde el punto de vista de la economía global -como evidencia el informe de este año del Foro Económico Mundial- y también social, porque generan "sufrimiento y desigualdad". En este sentido, la vicepresidenta cuarta ha defendido la necesidad de impulsar esta declaración por razones de justicia "entre países y territorios, entre generaciones y entre personas con desiguales medios para afrontar el cambio climático"; por razones de futuro, "para invertir en un proyecto de sociedad inclusivo y viable", y por responsabilidad, ya que "no abordar este desafío es regresivo y costoso económica y socialmente". Ribera ha afirmado que la declaración "debe inspirar todas las políticas públicas" y permitir al Gobierno desarrollar su compromiso con la lucha contra el cambio climático de forma más profunda, rápida y ambiciosa, sumando los esfuerzos de todas las administraciones: "Las instituciones tenemos la responsabilidad de evitar el incremento de los problemas y facilitar las soluciones". Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaTeresa Ribera ha explicado que el Ejecutivo se compromete en la Declaración de Emergencia Climática a ejecutar cinco medidas concretas en los primeros 100 días de gobierno. La primera, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo es garantizar la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. La presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo, y el impulso a los sectores productivos para favorecer su sostenibilidad y el empleo de calidad serán las otras tres medidas a corto plazo. La quinta medida es la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que permita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Ribera ha adelantado que su composición será inclusiva, paritaria y "con representación especial de los jóvenes". Entre las 25 medidas restantes que marcarán la actuación del Gobierno y la Administración pública el resto de la legislatura y que tendrán incidencia transversal en todos los sectores de actividad, Ribera ha detallado el Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público, el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad y el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente. Asimismo, se presentará una Estrategia para la Protección de la Costa Española antes del año 2021 y diversos proyectos de ley, como la de Residuos o la de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, con iniciativas como que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones.