España abre un nuevo consulado en China, sella pacto fiscal con Azerbaiyán y reorganiza las comisiones del Gobierno
El Consejo de Ministros refuerza la gestión de visados turísticos en Chengdú y envía a las Cortes un convenio para perseguir el fraude tributario internacional.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El Ejecutivo ha dado luz verde a tres trámites distintos en un mismo paquete: la creación de un nuevo Consulado General de España en Chengdú (China) para agilizar visados y trámites consulares, la remisión a las Cortes de un convenio con Azerbaiyán para que las Haciendas de ambos países crucen datos fiscales, y el reparto interno de las Comisiones Delegadas del Gobierno (las reuniones en las que varios ministros coordinan asuntos transversales antes de elevarlos al Consejo).
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio y de reorganización administrativa. Los gastos operativos que conlleve la sede consular en Chengdú se asumirán con el presupuesto ordinario del Ministerio de Asuntos Exteriores.
¿Quién sale ganando con esto?
Por un lado, el sector turístico español y los viajeros y empresarios en el suroeste de China, que contarán con un consulado más cercano para tramitar visados y gestiones diplomáticas. Por otro lado, la Agencia Tributaria, que dispondrá de un marco formal para intercambiar información con Azerbaiyán y estrechar la vigilancia sobre posibles evasiones fiscales.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
En el caso del convenio fiscal con Azerbaiyán, la nota no supone su aplicación inmediata: todavía tiene que superar el debate y votación en el Congreso y en el Senado antes de que entre en vigor. Respecto al consulado en Chengdú, el Gobierno no ha especificado qué plantilla tendrá ni cuándo abrirá efectivamente sus puertas al público.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
La estructura de las comisiones ministeriales entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Para el convenio fiscal y el consulado, habrá que esperar a la tramitación parlamentaria y a los plazos logísticos y diplomáticos de Exteriores; los ciudadanos no tienen que realizar ningún trámite previo.
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