El Gobierno lanza el Ingreso Mínimo Vital: 3.000 millones al año de dinero público para frenar la pobreza extrema

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha estimado que el Ingreso Mínimo Vital supondrá una inversión pública anual cercana a los 3.000 millones de euros, que se sitúa en la media europea de prestaciones similares. La previsión es que beneficie a 850.000 hogares en total y a 2,3 millones de personas, de las que un millón está ahora en pobreza extrema (con ingresos de menos de 3.000 euros al año) y 550.000 en pobreza muy alta (con ingresos entre 3.000 y 4.300 euros anuales). El ministro ha señalado que, además de este impacto "extraordinario" de reducción de pobreza entre quienes tienen las rentas más bajas, esta prestación persigue su inclusión e integración social: "Ese será el éxito final, que estas personas puedan desenvolverse mejor en la sociedad". Con este fin, se realizarán estrategias de inclusión en cooperación y colaboración con las comunidades autónomas, que tienen competencias en ello, y también con los ayuntamientos. Por otro lado, el fomento de la participación en el mercado laboral será fundamental, por lo que las empresas recibirán incentivos por la contratación de los beneficiarios de la prestación, mientras que estos podrán compatibilizarla con la percepción de un salario en las condiciones establecidas. Pool Moncloa/JM CuadradoEscrivá ha señalado que el acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social para hacer la solicitud del ingreso mínimo vital es "amigable" y contará con un simulador, para comprobar fácilmente si se tiene derecho a la prestación, un asistente virtual y un teléfono 900 gratuito para información y ayuda. Sin embargo, ha señalado, gracias al cruce de datos entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y comunidades autónomas, ya se podrán identificar de oficio numerosos hogares beneficiarios a quienes, ha asegurado, "ya se les podrá ir haciendo el ingreso mensual". El ministro ha señalado que este análisis de los hogares por renta y patrimonio ha sido fundamental para poder realizar una valoración "que haga la prestación más justa". Asimismo, ha resaltado la cooperación entre todos los niveles de la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y ha señalado que la evaluación de la prestación seguirá la misma senda "para que todo el mundo que tenga algo que decir nos aporte datos para mejorar". En este sentido ha anunciado que habrá un informe anual de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), y se crearán una Comisión de Seguimiento entre administraciones y un Consejo Consultivo con la participación de sindicatos y de organizaciones del tercer sector.