Volver a PortadaReunión del Consejo: 21-07-2020
21-07-20202 min de lectura5 visitas

El Gobierno activa el rescate de 10.000 millones para grandes empresas estratégicas en apuros

Hacienda fija los requisitos para salvar a compañías clave: el mínimo a pedir son 25 millones de euros y sus directivos tendrán prohibido cobrar bonus.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha puesto en marcha las reglas para repartir el fondo de rescate empresarial. Se trata de una hucha de dinero público pensada para evitar la quiebra de grandes compañías consideradas clave para la economía nacional o regional que se hayan visto golpeadas por la crisis del COVID-19.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

10.000 millones de euros. Salimos a unos 208,33 € por español.

¿Quién sale ganando con esto?

Salen ganando las grandes empresas con impacto decisivo en el empleo y la economía, así como sus trabajadores y proveedores habituales. En cambio, los autónomos, pequeños comercios y pymes quedan totalmente fuera de este fondo, ya que el importe mínimo que se puede solicitar está fijado en 25 millones de euros por compañía.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! El dinero no es regalado, hay que devolverlo con intereses o el Estado pasará a ser accionista temporal de la empresa mediante préstamos participativos, deuda convertible o compra de acciones. Además, las empresas rescatadas tendrán vigilancia estricta: tendrán terminantemente prohibido repartir dividendos entre sus accionistas, sus altos directivos no podrán cobrar primas ni sueldos variables y deberán presentar un plan de viabilidad para garantizar que devuelven hasta el último céntimo. También se exige que la empresa estuviera completamente saneada antes del 31-12-2019.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

El comité gestor encargado de tramitar y autorizar los rescates estará operativo en un plazo de 30 días. A partir de ese momento, las empresas interesadas deberán presentar formalmente su solicitud, acreditando documentalmente que sin este dinero quebrarían y demostrando que no arrastraban problemas de solvencia antes del 31-12-2019.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas

Redacción burocrática original:

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha acordado las condiciones y requisitos de acceso al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. Dotado con 10.000 millones de euros, su objetivo es ayudar económicamente a todas las compañías afectadas por la pandemia del COVID-19. La portavoz del Gobierno ha explicado que la solicitud debe realizarla la empresa interesada, y acreditar que, sin esta ayuda pública "cesaría en su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse a flote", y como consecuencia, generaría un importante impacto negativo en la economía del país o en el empleo nacional o regional. Los instrumentos de apoyo del Fondo podrán ser préstamos participativos, deuda convertible o acciones o participaciones sociales, entre otros, con un importe mínimo de 25 millones de euros por beneficiario y un máximo que no podrá ser superior al patrimonio neto de la compañía a 31 de diciembre de 2019. Las empresas que concurran deberán tener su domicilio social y sus principales centros de trabajo en España, no haber solicitado declaración de concurso voluntario o haber sido declarada insolvente antes del 31 de diciembre de 2019, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenada por delitos de prevaricación, cohecho o malversación de caudales públicos. Además, deberán presentar un plan de viabilidad en el medio y en el largo plazo, con una previsión de reembolso de la ayuda recibida. Las empresas que accedan a las ayudas no podrán realizar una expansión comercial agresiva, ni asumir excesivo riesgo, y tendrán prohibido distribuir dividendos. Los miembros del consejo de administración no podrán cobrar primas o remuneraciones variables. María Jesús Montero ha señalado que el acuerdo también incluye la composición y reglamento del Consejo gestor del fondo, que se pondrá en marcha "antes de 30 días".