Un vuelco a los juzgados: el Gobierno reorganiza la Justicia para intentar frenar los atascos y retrasos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado que "el interés, énfasis y energías" del Gobierno están puestos en conseguir la eficiencia del sistema judicial, esencial para la ciudadanía, y en su modernización, de forma que también las políticas de justicia contribuyan a la recuperación y la transformación del país. Incluso, para centrarse de lleno en este objetivo, Campo ha anunciado la intención del Ejecutivo de pedir a los grupos parlamentarios que han registrado una iniciativa para cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la retiren. Campo ha afirmado que garantizar el derecho constitucional a la efectividad del sistema judicial hará posible revertir la percepción actual, poco positiva, que tiene la ciudadanía. Según distintos datos, hay en torno a un 6% menos de resoluciones y se ha aumentado la duración de procedimientos de 66 a 162 días, a pesar de que España es uno de los países que más invierten (70,1 euros frente a la media europea de 64 euros por habitante) y lidera el índice de equipamientos en tecnologías, que la plantilla de jueces se ha incrementado un 50% en los últimos 20 años y que la litigiosidad ha bajado un 35% en los últimos 10 años. Los ejes de la nueva vertebración de la administración de justicia serán los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio. Los Tribunales de Instancia, uno en cada partido judicial, permitirán mayor "accesibilidad, eficiencia y flexibilidad en los aspectos organizativos". Los órganos de gobierno de estos Tribunales serán elegidos por los jueces de forma participativa. Cada Tribunal tendrá secciones especializadas, cuyos presidentes podrán fijar criterios de unificación. Los jueces que no los sigan o adopten deberán motivar sus razones para ello: "Creo que así dotamos al sistema de una enorme previsibilidad y por tanto de seguridad jurídica", ha señalado el ministro. Las Oficinas Judiciales, ya existentes desde 2003, serán potenciadas para que se extiendan a todo el territorio nacional, y las Oficinas de Justicia en el municipio supondrán una evolución de los actuales juzgados de paz para atender a la ciudadanía de una forma cercana y transversal. Campo ha hecho hincapié en que el objetivo es que se conviertan en un referente para el ciudadano en pueblos y ciudades, no solo en lo relativo a trámites judiciales sino también respecto a otras gestiones administrativas que puedan ofrecerse a través de convenios con otros organismos y administraciones públicas. El ministro ha agradecido el trabajo y participación en el anteproyecto de ley de comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, profesionales -abogados, procuradores, graduados sociales- sindicatos y partidos políticos, en lo que ha supuesto un ejemplo, ha dicho, de cogobernanza.