Volver a PortadaReunión del Consejo: 27-07-2021
27-07-20212 min de lectura5 visitas

Hacienda inyecta 18.396 millones de los impuestos para pagar las pensiones y fija un gasto récord

El Gobierno eleva un 32% la transferencia directa a la Seguridad Social y mantiene suspendidas las reglas de control de déficit.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha fijado el límite máximo que podrá gastar el Estado (el denominado "techo de gasto") en un récord de 196.142 millones de euros. Dentro de esa bolsa, reserva 18.396 millones de euros de dinero de los impuestos para transferirlos a la Seguridad Social y asegurar el cobro de las pensiones. Asimismo, solicita al Congreso prorrogar la suspensión de las reglas fiscales y de control de déficit para permitir que las administraciones sigan endeudándose sin las restricciones habituales.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

El techo de gasto total se sitúa en 196.142 millones de euros, lo que supone unos 4.086,29 € por español. De esa cifra, la inyección directa a la Seguridad Social asciende a 18.396 millones de euros, lo que significa que salimos a unos 383,25 € por habitante solo para cubrir el desfase de las pensiones. Además, se presupuestan 25.622 millones de euros provenientes de transferencias de la Unión Europea.

¿Quién sale ganando con esto?

Los beneficiarios directos son los pensionistas, que se aseguran el cobro de sus prestaciones con cargo a la recaudación general del Estado. También se benefician los gestores del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, que tendrán margen para gastar con una tasa de déficit fijada en el 5% global sin la presión de recortes inmediatos.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Este acuerdo constata que las cotizaciones laborales ya no alcanzan para sostener el sistema de pensiones por sí solas, obligando a tapar el agujero con un 32% más de dinero procedente del resto de impuestos generales. Además, mantener suspendidas las reglas de gasto permite a las administraciones seguir acumulando deuda estructural, una factura que tarde o temprano deberán amortizar los contribuyentes a través de mayores cargas fiscales en el futuro.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

El ciudadano no tiene que realizar ningún trámite administrativo. Este acuerdo fija el marco contable para la redacción de los próximos Presupuestos Generales del Estado y está pendiente de que el Congreso de los Diputados ratifique la suspensión de las reglas de disciplina fiscal.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Sostenimiento de las pensiones

Redacción burocrática original:

María Jesús Montero ha señalado que, en los 196.142 millones de euros fijados como techo de gasto, se incluyen 18.396 millones como transferencia al Sistema de la Seguridad Social -un 32% más que el año pasado- para, en línea de cumplimiento con las recomendaciones del Pacto de Toledo, sostener el pilar de las pensiones, "una de las prioridades para este gobierno". Asimismo, se incluyen 25.622 millones de euros procedentes de la Unión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ministra de Hacienda ha informado de que el acuerdo alcanzado hoy incluye la solicitud al Congreso de los Diputados para que aprecie que siguen concurriendo las circunstancias extraordinarias, derivadas de la pandemia, para incurrir en déficit estructural y que pueda seguir en suspenso, como en 2021, la obligación de establecer los objetivos de estabilidad y las reglas fiscales. No obstante, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha recordado que el Gobierno y el conjunto de las Administraciones públicas mantienen su responsabilidad en relación con la consolidación fiscal y la sostenibilidad presupuestaria y por ello se han fijado tasas de referencia. Así, el déficit se ha establecido para 2022 en un 5% para el conjunto de las Administraciones Públicas, que supone un 3,4% menos respecto al 8,4% con que se prevé cerrar el actual ejercicio 2021. La Administración del Estado asumirá la mayor parte de ese porcentaje, un 3,9%, tal y como ya hizo el año pasado para proteger al resto de administraciones, que son "las que sustentan el estado del bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha puntualizado Montero. La tasa para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,7% y para las entidades locales seguirá siendo cero.