El Gobierno mete la tijera a los beneficios extra de las eléctricas para intentar bajar la luz un 2,5%

El Gobierno remitirá a las Cortes, para su tramitación urgente, el Proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del Co2 no emitido del mercado eléctrico. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que esta norma y el Proyecto de Ley que crea el Fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico -ya en tramitación en el Congreso- permitirán retirar más de 6.000 millones de cargos de la parte regulada de la factura de la luz de un modo progresivo en los próximos 5 años. Ribera ha afirmado que tanto estas reformas, como el resto de las ya planteadas en un ámbito tan complejo como el de la energía, descansan en el principio de que "los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables". En este sentido, ha recordado la vigencia de la rebaja temporal del IVA o la suspensión del impuesto a la generación. Respecto a la norma aprobada, Ribera ha explicado que afecta a las plantas de generación eléctrica que no emiten CO2 -esencialmente nucleares e hidroeléctricas- que estaban en funcionamiento antes de la creación del mercado europeo de derechos de emisión. Estas centrales, ha continuado, fueron diseñadas para obtener un nivel razonable de beneficios cuando no había necesidad de internalizar un precio por CO2. Pero actualmente, el carbono se ha encarecido más de un 60% en un año, lo que repercute en los precios de los mercados mayoristas de los que estas plantas se benefician, por lo que es importante actuar en este ámbito. Concretamente, el umbral mínimo que garantiza que no se produzca este descuento son 20 euros por tonelada de Co2, que ha sido el precio medio en los últimos 5 años: "De esta manera aseguramos la viabilidad de las plantas, ninguna puede alegar que quede por debajo de la rentabilidad que haga viable su funcionamiento", ha señalado Ribera. La previsión es que la entrada en vigor de esta norma permita obtener 625 millones de euros para cubrir costes del sistema eléctrico, incrementar las partidas disponibles para proteger a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social y rebajar la factura final de todos los consumidores. Hogares y pymes pagarían un 2,5% menos, con variaciones según el tipo de tarifa al que estuvieran acogidos. El Ejecutivo ha autorizado con condiciones la inversión del fondo australiano IFM en la compañía española Naturgy Energy Group S.A. Esta autorización es preceptiva, según la Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Teresa Ribera ha saludado la inversión extranjera como un factor incuestionable de crecimiento y de modernización y una señal de confianza de los inversores exteriores, pero ha justificado el establecimiento de condiciones para esta operación porque afecta "a una empresa estratégica en un sector estratégico, cuyo concurso es fundamental para los objetivos de transición energética y justa en España". El objetivo final, ha dicho, es garantizar la estabilidad de la compañía española, la protección y buena gestión de los activos regulados y las infraestructuras críticas, la consecución de los objetivos en materia de transición energética justa, el mantenimiento del empleo y su estabilidad económico-financiera. El incumplimiento de las condiciones fijadas daría lugar, en su caso, a la revocación de la autorización, ha explicado la vicepresidenta.