Volver a PortadaReunión del Consejo: 05-10-2021
05-10-20212 min de lectura4 visitas

5.500 millones de euros para reformar casas y crear alquiler social: ¿cuánto nos cuesta y qué letra pequeña esconde?

El Gobierno promete subvenciones de hasta 21.400 euros por vivienda y 20.000 pisos de alquiler asequible, pero gran parte del plan depende de créditos ICO y de la burocracia autonómica.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Un plan milmillonario enfocado en la vivienda y el ladrillo con más de 5.500 millones de euros sobre la mesa. Entre las medidas principales está la construcción de hasta 20.000 pisos públicos para alquiler social (1.000 millones de euros), subvenciones de hasta el 80% (o del 100% en casos vulnerables, con un tope de 21.400 euros por piso) para rehabilitar casas y barrios buscando eficiencia energética, deducciones en el IRPF de hasta el 60% por obras verdes y una línea de avales públicos. Además, se anuncia a futuro un bono de alquiler de 250 euros al mes para jóvenes y la tramitación de la primera Ley de Vivienda estatal.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

Más de 5.500 millones de euros. Salimos a unos 114,58 € por español.

¿Quién sale ganando con esto?

Los propietarios y comunidades de vecinos que puedan afrontar obras de eficiencia energética, las familias vulnerables que logren acceder a la cobertura total de reformas, los jóvenes que cumplan los requisitos de renta para el futuro bono de alquiler y, muy especialmente, las empresas de construcción y reformas que absorberán el grueso de las contrataciones.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

Bastante. En primer lugar, ¡ojo aquí!: 1.100 millones de euros no son ayudas directas, sino una línea de avales del ICO para pedir préstamos que habrá que devolver al banco. En segundo lugar, las subvenciones para obras suelen exigir que el vecino o la comunidad adelante el dinero de su propio bolsillo y soporte meses o años de papeleo burocrático hasta cobrar el reintegro. Además, levantar 20.000 viviendas públicas y rehabilitar barrios enteros depende directamente de la gestión, licencias y convenios de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, por lo que su impacto real sobre el mercado tardará años en verse. Por último, tanto el bono joven de 250 euros como la Ley de Vivienda son todavía promesas presupuestarias y legislativas pendientes de aprobación.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar el bono joven ni la mayoría de las subvenciones directas. Las deducciones fiscales del IRPF y los avales ICO se activarán tras publicarse en el BOE, pero las convocatorias de ayudas para obras y el acceso al nuevo parque de vivienda dependerán de los calendarios que abra cada Comunidad Autónoma.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Impulso a la rehabilitación residencial y la vivienda social

Redacción burocrática original:

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que el plan contempla la construcción de hasta 20.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social, con una inversión de 1.000 millones de euros. El programa, además de la rehabilitación de viviendas particulares, recoge la posibilidad de rehabilitar barrios completos. La portavoz ha precisado que se subvencionarán hasta el 80 % de las actuaciones, con un máximo de 21.400 euros por vivienda. En caso de vulnerabilidad social o económica, las ayudas podrán cubrir hasta el 100 % del coste de las mejoras en edificios, barrios y hogares. Además, se apoyará el despliegue de oficinas locales para facilitar la información y la gestión de las ayudas. En este mismo ámbito, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR. Se introducen tres deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de hasta el 60 %, por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales; se facilita la toma de decisiones para realizar obras que aumenten la eficiencia de un edificio, y se crea una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de hasta 1.100 millones para favorecer el acceso a la financiación. La portavoz ha resaltado que estos dos acuerdos, que suman más de 5.500 millones de euros, contribuirán a favorecer la emancipación de los jóvenes y completan otras decisiones ya adoptadas para aumentar su empleabilidad, cualificación, formación profesional y el salario mínimo interprofesional. Isabel Rodríguez ha añadido que la política de vivienda es un eje de transformación de España porque es transversal y contribuirá a la modernización de las infraestructuras y a la recualificación de los profesionales de la construcción, supondrá oportunidades laborales para los más jóvenes y la transformación energética del país: "Quizás toca todos los palos del plan de recuperación y va a generar empleos a corto plazo". Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha avanzado que la futura ley de vivienda será la primera ley estatal en este ámbito de la democracia y garantizará el derecho a un hogar digno a los colectivos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes y a los jóvenes que tienen dificultades para emanciparse. "Vamos a contener y reducir los precios del alquiler y vamos a incrementar de manera muy notable el parque público de vivienda, también en alquiler", ha remarcado. Un 30% de las casas que se construyan se destinarán a vivienda protegida y de estas la mitad será para alquiler social. Félix Bolaños también se ha referido al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha avanzado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluirán un bono de 250 euros mensuales de ayuda al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años con niveles de renta bajos.