Volver a PortadaReunión del Consejo: 11-10-2021
11-10-20212 min de lectura4 visitas

27,4 millones para crear una red informática que vigile futuras epidemias y virus

El Gobierno transfiere fondos a las comunidades autónomas para modernizar los sistemas de alerta sanitaria tras los fallos destapados durante la pandemia.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Invertir fondos públicos en crear una nueva Red de Vigilancia en Salud Pública. Se trata de modernizar y conectar los programas informáticos y bases de datos de Sanidad y de todas las comunidades autónomas para que compartan datos al instante sobre brotes, virus y enfermedades graves, evitando que una nueva crisis sanitaria vuelva a pillar al país descolocado.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

27,4 millones de euros en total, procedentes de los fondos europeos de recuperación. Salimos a unos 0,57 € por español (unos 57 céntimos por persona). De esa cifra global, se desbloquea un primer reparto de 13 millones de euros para las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

¿Quién sale ganando con esto?

Los servicios de salud pública y epidemiólogos de toda España, que dispondrán de mejores herramientas para rastrear contagios, y las empresas tecnológicas del sector informático que resulten adjudicatarias de los contratos públicos de desarrollo. De rebote, toda la población si el sistema sirve para reaccionar antes ante futuras alertas.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

En esta ocasión es financiación a fondo perdido procedente de Europa, no hay que devolverla como crédito ni tiene trampa de deuda. Sin embargo, el riesgo real está en la gestión autonómica: el dinero se reparte con un 40% fijo para cada región y un 60% según la población empadronada a fecha 01-01-2020. Si cada gobierno autonómico usa programas incompatibles entre sí o retrasa la integración de datos, el sistema común volverá a ser un laberinto burocrático ineficaz.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

El ciudadano no tiene que hacer ningún trámite. Los fondos se transfieren directamente a las administraciones autonómicas para que empiecen a licitar los contratos y actualizar sus plataformas informáticas de salud.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Mejora de la Red de Vigilancia de Salud Pública

Redacción burocrática original:

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que la pandemia y la manera de afrontarla y de dar respuesta a la crisis sanitaria en España han puesto en evidencia aquellos ámbitos en los que era mejorable el sistema público de salud. "Es un claro ejemplo de la disposición del Gobierno para mejorar y modernizar la sanidad pública complementando la financiación para las comunidades autónomas", ha añadido. El PRTR de la Unión Europea contempla la Componente 18: Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de la Salud, que tiene entre sus objetivos preparar al sistema para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales como la derivada del COVID-19 e incrementar las capacidades de salud pública y los sistemas de vigilancia epidemiológica. Dentro de este componente destaca la inversión C18.I3: aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias, que incluye el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, mediante la creación de un nuevo sistema de información de la Red de Vigilancia en Salud Pública, a nivel central y autonómico, que permitirá ampliar, mejorar e integrar los sistemas de información de enfermedades transmisibles y no transmisibles existentes en España. La dotación presupuestaria global para el nuevo sistema de Red asciende a 27.400.000 euros, para la inversión estatal y autonómica. La distribución del crédito presupuestario del ejercicio 2021 es de 13 millones de euros para las comunidades autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y se realizará conforme a estos criterios objetivos: 40% de manera lineal, aplicando un importe mínimo para cada comunidad autónoma y Ceuta y Melilla; 60% distribuido por criterios poblacionales, según cifras oficiales de población de la revisión del Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2020.