Juicios por videoconferencia y adiós al papel: 410 millones para digitalizar los juzgados

El Consejo de Ministros ha presentado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. La norma persigue la transformación transversal de la Administración de Justicia, con independencia del ámbito territorial o del orden jurisdiccional en el que actúe, mediante la utilización de las tecnologías de la información y con plenas garantías jurídicas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que la futura ley se enmarca, junto con las leyes de Eficiencia procesal y de Eficiencia Organizativa, en el Plan de Justicia 2030, cuyo objetivo es "lograr una justicia más eficiente, sostenible y accesible". Además, ha avanzado que su departamento transferirá a las comunidades autónomas 410 millones de euros de los Fondos Next Generation de la Unión Europea para impulsar el proyecto Llop ha mantenido que la futura Ley de Eficiencia Digital establece el marco jurídico que facilita y promueve la digitalización en el ámbito de la Administración de Justicia para que ese servicio público sea universal. Con este fin, la norma contempla reformas estructurales, como la consolidación de las vistas y comparecencias telemáticas, procedimiento iniciado durante la pandemia de COVID-19. Al respecto, la ministra ha indicado que desde que se declaró la pandemia se han celebrado más de 590.000 juicios telemáticos, que han supuesto un ahorro de más de 12 millones de euros en desplazamientos, y han evitado la emisión de más de 5.800 toneladas de CO2 a la atmósfera. Además, Llop afirmado que en este periodo se han cerrado brechas territoriales, dada la accesibilidad al servicio desde cualquier punto del territorio, y brechas de género, porque las víctimas han accedido en condiciones de mayor protección. La futura ley establece la obligación de que todas las administraciones competentes en materia de justicia "garanticen la prestación de este servicio público con criterios de calidad y accesibilidad a toda la ciudadanía en todo el territorio del Estado", ha remarcado la ministra. Además, pretende situar la Administración de Justicia española a la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea. A juicio de la titular de Justicia, "con esta norma se avanza en cohesión social y en cohesión territorial, a través de la cohesión digital". La ministra ha anticipado que en todos los juzgados y tribunales de España se implantará el Expediente Digital Electrónico; la intermediación judicial se podrá realizar a través de videoconferencia y se facilitará la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física. La norma también fortalecerá la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio de expedientes y documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales.