Más inspectores y algoritmos para vigilar el fraude en los contratos de trabajo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha definido a la Inspección de Trabajo como una institución clave en la garantía de los derechos laborales en nuestro país: "En el Estado social de Derecho, y para garantizar la protección de los más débiles, no basta con tener buenas normas, sino también que esas normas se cumplan, y el pulmón que garantiza en el mundo laboral el cumplimiento de las mismas se llama Inspección de Trabajo". El Plan presentado hoy va a ser "una las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales de nuestro país", ha continuado la vicepresidenta, que ha destacado su carácter innovador y su mirada "absolutamente moderna", más próxima a las realidades actuales de la conflictividad laboral y en línea con los parámetros de los restantes países europeos. La vicepresidenta ha explicado que la premisa de la que parte el Plan es anticiparse a cualquier posibilidad de fraude del mercado de trabajo, para no limitarse solo su reparación: "Lo que hacemos ahora es abrir completamente el foco, convertir toda la acción pública en transversal y ampliar la mirada abarcando todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras". La lucha contra el fraude será un objetivo prioritario, continuando la línea actual, en la que solo entre enero y mayo de este año se ha multiplicado en un 355% la actividad de la Inspección de Trabajo, "el récord de toda su serie histórica", ha destacado Díaz. A la ya existente Oficina de lucha contra el fraude se sumará una segunda para atender al fraude transnacional, y estará muy vinculada a los países de la Unión Europea y Latinoamérica y a la Organización Internacional del Trabajo. Otro eje fundamental será combatir la precariedad laboral. La ministra de Trabajo ha puesto como ejemplo la campaña realizada para controlar los contratos temporales con duración superior a los 24 meses que marca la ley, que ha servido para convertir en indefinidos 267.000 contratos de trabajo. Se pondrá en marcha una Oficina especializada de lucha contra la discriminación, para actuar en la relación laboral desde el inicio hasta la salida de la carrera profesional, y evitar, entre otras, diferencias o dificultades de acceso al mercado laboral por razón de sexo, edad, origen o identidad sexual. El organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta, por primera vez, con un presupuesto propio, y se prevé reforzar las plantillas de personal, incorporar nuevos perfiles especializados y potenciar el uso de la inteligencia artificial.