Volver a PortadaReunión del Consejo: 22-03-2022
22-03-20222 min de lectura5 visitas

1.940 millones de dinero público para vigilar el agua y taponar las fugas de las tuberías

El Ejecutivo lanza un macroplan de digitalización hídrica para frenar el 23% de agua potable que se pierde en las redes urbanas antes del 31-12-2030.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Un plan estratégico (llamado PERTE del Agua) para llenar de sensores, tecnología y control digital toda la gestión del agua en España. El objetivo sobre el papel es doble: vigilar al milímetro cuánto gastan el campo, las fábricas y los hogares ante la falta de lluvias y taponar las averías urbanas, ya que actualmente se pierde el 23% del agua potable en tuberías rotas o viejas y quieren bajarlo al 10%.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

1.940 millones de euros de dinero público (entre fondos europeos y presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica), a los que el Gobierno espera que se sumen unos 1.060 millones de inversión de empresas privadas para alcanzar los 3.000 millones. Con la parte pública, salimos a unos 40,42 € por español.

¿Quién sale ganando con esto?

Las grandes consultoras tecnológicas, ingenierías y empresas suministradoras de sensores y software que ganen los contratos públicos, además de las confederaciones hidrográficas que modernizarán sus sistemas. El Gobierno calcula que se generarán unos 3.500 empleos técnicos especializados.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

Bastante. Primero, más de 1.000 millones de euros del plan dependen de que las empresas privadas quieran poner su capital, algo que no está garantizado. Segundo, el arreglo de las tuberías que pierden agua potable en los pueblos y ciudades depende de los ayuntamientos y de las empresas concesionarias; si los municipios no cofinancian las obras o no piden las subvenciones, las fugas seguirán abiertas. Y tercero: este despliegue no va a rebajar la factura del agua a los ciudadanos; su meta principal es monitorizar consumos para poder restringir o penalizar el gasto en épocas de sequía.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: el ciudadano de a pie no tiene que solicitar ningún trámite. Los fondos se irán repartiendo mediante licitaciones y convocatorias de ayudas públicas dirigidas a comunidades de regantes, ayuntamientos y gestoras del agua con horizonte de ejecución fijado hasta el 31-12-2030.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

PERTE del Ciclo del Agua

Redacción burocrática original:

Ribera ha destacado que el PERTE de digitalización del Ciclo del Agua nace de la constatación del creciente impacto del cambio climático en España y su incidencia en los recursos hídricos: "En los próximos años se estima que sufriremos una reducción de alrededor del 25% debido al calentamiento y a la alteración del régimen pluviométrico". Su objetivo es avanzar en una gestión eficiente y sostenible que permita reducir los consumos y las pérdidas y adaptarse con garantías a los efectos del cambio climático en el conjunto de la sociedad y de la economía (la gestión del ciclo del agua incide actualmente en casi un tercio del Producto Interior Bruto nacional). Concretamente, el proyecto persigue mejorar el conocimiento real de los usos del agua por sectores para lograr una gestión más integrada y eficiente; modernizar los organismos de cuenca y ofrecer mayor información a los usuarios finales; ayudar a cumplir los objetivos ambientales fijados para las distintas masas de agua, y generar empleo de alta cualificación técnica propiciando la formación, la inversión en I+D+i y las oportunidades de negocio dentro y fuera de España. "El impacto en las industrias asociadas rondará los 3.500 empleos de alta cualificación técnica, adicionales a las personas que hoy trabajan en el ámbito del agua", ha dicho Ribera. La inversión prevista se sitúa alrededor de los 3.000 millones de euros, 1.940 de ellos procedentes de fondos europeos y del presupuesto ordinario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el resto de capital privado. Entre las medidas enumeradas por la ministra está la mejora del ciclo urbano del agua, para reducir del 23% actual al 10% en 2030 las pérdidas del agua potable tratada: "Un país amenazado por los impactos de una menor disponibilidad de recursos hídricos no puede permitirse el lujo de perder el 23% del agua potable en su red urbana y, por tanto, reducir estas pérdidas es un objetivo que consideramos indispensable".