El Gobierno aprueba examinar si las leyes y el gasto público sirven de verdad para algo
Una nueva norma obligará a medir el impacto real de las políticas del Estado en los ciudadanos y la economía para cumplir con las exigencias de Bruselas.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
Una normativa para evaluar periódicamente si los planes, leyes y programas del Gobierno consiguen resultados útiles o si se quedan en papel mojado. Se analizará cómo influyen en el bolsillo de la gente, el medio ambiente, el empleo o la despoblación.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.
¿Quién sale ganando con esto?
En teoría, todos los contribuyentes si se utiliza para frenar el despilfarro y mejorar los servicios que no funcionan. A corto plazo, el propio Gobierno, que tacha un requisito obligatorio impuesto por la Comisión Europea y la OCDE.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo aquí! Medir y evaluar no significa corregir automáticamente: la norma no garantiza que se vayan a suprimir programas inútiles ni a recortar partidas ineficientes si el informe sale negativo. Además, no surge por iniciativa propia, sino como un compromiso ineludible del Plan de Recuperación para que Europa siga transfiriendo fondos a España.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: los ciudadanos no tienen que hacer ningún trámite. La maquinaria de evaluación se irá aplicando internamente en la Administración General del Estado a medida que se desplieguen los nuevos protocolos de seguimiento.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Evaluación de las políticas públicas
Redacción burocrática original: