Luz verde a la nueva ley del aborto: bajas por reglas dolorosas, anticonceptivos gratis en institutos y adiós a los 3 días de reflexión

Irene Montero ha defendido la necesidad de que los niños, adolescentes y jóvenes aprendan a conocer sus cuerpos, a cuidar la diversidad sexual y de género y a tener relaciones sin violencia y basadas en los buenos tratos, el consentimiento y el uso del anticonceptivo y los métodos barrera. Por ello la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas. La ministra de Igualdad ha argumentado que la cuestión no es si la sexualidad se debe o no aprender, porque "el aprendizaje sobre nuestra sexualidad se da". La clave está en decidir cómo se aprende, si a través de mecanismos sin especialización -como la pornografía violenta, que en nuestro país tiene una edad media de acceso de 8 años, ha asegurado-, o con un acompañamiento especializado, que es lo que la ley plantea. Habrá también formación a lo largo de toda la vida, y se crearán servicios públicos de asistencia y de atención integral y especializada, así como una línea de atención telefónica, para facilitar, particularmente a las mujeres, el conocimiento de sus derechos y el acceso a los recursos que les corresponden. La ministra ha explicado que, para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos barrera, estos se distribuirán de manera gratuita en institutos, centros penitenciarios y centros de servicios sociales. Asimismo, se ampliará su financiación pública, dando prioridad a los de última generación, y se promoverá el desarrollo y la investigación de la anticoncepción masculina para fomentar la corresponsabilidad de los hombres. Montero ha mantenido que prohibir o limitar el derecho al aborto nunca "ha servido para reducirlo, sino solamente para generar más inseguridad, más sufrimiento y más pobreza a las mujeres, especialmente a las más vulnerables". La ministra ha asegurado que se mantiene la garantía del derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres, que la red pública será la red de referencia y las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el centro público hospitalario más cercano a su domicilio "para que no tengan que desplazarse, a veces cientos de kilómetros, como ahora ocurre en muchas comunidades autónomas". También se regulará el derecho individual y constitucional a la objeción de conciencia del personal sanitario. El periodo actual de reflexión de tres días queda eliminado, así como la información previa obligatoria, y las mujeres que se sometan a esta intervención tendrán derecho a una incapacidad temporal durante el tiempo de recuperación. La píldora del día después será de acceso gratuito en los centros de salud y en los futuros centros públicos de atención especializada en derechos sexuales y reproductivos, y tendrá que estar disponible en todas las farmacias. Por su parte, el ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo para las mujeres de 16 y 17 años y aquellas con discapacidad no necesitará de consentimiento de sus tutores legales. "El Estado les garantiza que la decisión sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida y su maternidad será suya", ha dicho Montero. La ley abarca también aspectos relacionados con el embarazo y el parto. Habrá un nuevo permiso preparto desde la semana 39 de gestación, compatible con el posterior permiso de maternidad, y se promocionarán las buenas prácticas gineco-obstétricas y de parto respetado a través de un protocolo que recoja las directrices internaciones y nacionales al respecto. El derecho a la salud menstrual aparece por primera vez recogido en la legislación española como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres: "La regla va a dejar de ser un tabú", ha subrayado Montero. Las principales novedades son que se regula una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para aquellas mujeres que tengan reglas dolorosas e incapacitantes y que los productos vinculados a la higiene y la gestión menstrual serán dispensados de forma gratuita en centros educativos, penitenciarios y de servicios sociales. Finalmente, se reconocen como formas de violencia contra las mujeres la explotación reproductiva, el aborto y el embarazo forzados, y la esterilización y la anticoncepción forzosas, tal y como recoge el Convenio de Estambul. La ministra de Igualdad ha agradecido su trabajo a todos los ministerios que han participado en la redacción de la reforma y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "su confianza y apuesta en que este sea un gobierno feminista que se sitúa a la vanguardia internacional". Montero ha reconocido las aportaciones del movimiento feminista, "artífice de los grandes avances feministas a nivel institucional en nuestro país", y de los centros privados de interrupción del embarazo. Finalmente, Montero ha mostrado su apoyo a todas las mujeres en distintos países que luchan por sus derechos sexuales y reproductivos y por un aborto libre, seguro y gratuito.