Luz verde al proyecto de Ley Trans: cambio de sexo en el DNI sin informes médicos y multas de hasta 150.000 euros

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención. | Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa Montero ha explicado que la norma establece el derecho a la libre determinación de la identidad de género y su despatologización: "El Estado reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años y sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas". Este procedimiento de reconocimiento se hará mediante un sistema de doble comparecencia en un plazo máximo de cuatro meses para las personas mayores de edad, y también para las que tengan edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Quienes tengan entre 14 y 16 años necesitarán la autorización paterna o materna y, para quienes estén entre los 12 y los 14 años, el procedimiento se podrá realizar a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Los menores de 12 años podrán cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, las personas trans migrantes podrán cambiar los documentos expedidos en España si en su país de origen no tienen garantizados sus derechos. Respecto a los niños y niñas intersex, no se podrán realizar cirugías de modificación genital y se ampliará el plazo para que sus familias registren su sexo. La futura ley prohíbe las terapias de conversión, y, si se produjeran, se podrían calificar como infracción administrativa muy grave, con sanciones de entre 10.001 y 150.000 euros. "Las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura", ha afirmado la ministra, "lo que necesita cura, en todo caso, es la LGTBIfobia, y eso se cura con educación sexual integral, con educación para la igualdad y con educación en diversidad". Para ello, se reforzarán los contenidos educativos específicos. Además, los menores de 12 años deberán ser tratados en los centros educativos conforme al nombre por ellos elegido. Las mujeres lesbianas y bisexuales podrán filiar a sus hijos sin necesidad de estar casadas, como ahora sucede. También se otorga rango legal al derecho de acceso a técnicas de reproducción asistida, que ya estaba establecido reglamentariamente, tanto para ellas como para las personas trans con capacidad de gestar. En el ámbito laboral, se impulsa la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en los centros de trabajo, con especial atención a la inclusión de las personas trans y, sobre todo de las mujeres trans, "que son las que tienen una mayor brecha y unas mayores dificultades en el acceso al empleo", ha señalado Irene Montero. En el régimen sancionador, además de las terapias de conversión, serán considerados infracciones muy graves los contenidos educativos discriminatorios en los libros de texto o en los materiales didácticos educativos y, salvo que lleguen a ser delito y se deriven a la vía penal, también los actos de acoso. Las infracciones leves, como insultos o mensajes discriminatorios, podrán ser sancionadas con cantidades de 200 a 2.000 euros y las graves, como por ejemplo no contratar a una persona por su orientación sexual, podrán recibir multas de hasta 10.000 euros. La ministra Irene Montero ha destacado que la aprobación de este proyecto de ley se produce la víspera de la conmemoración, mañana, del Día Nacional del Orgullo LGTBI bajo el lema "Orgullo de país". El Gobierno ha aprobado una declaración institucional para reiterar su compromiso, el de las instituciones y el de la sociedad española con los derechos de las personas LGTBI, "para que todas las vidas LGTBI merezcan la pena ser vividas, para que no haya armarios y para que todo el mundo pueda ser quien es y pueda desarrollar sus proyectos de vida con libertad", ha dicho Montero.