Las empresas que reciban ayudas públicas no podrán cerrar ni despedir en cinco años

Entre las novedades que introduce la ley, Reyes Maroto ha apuntado que favorece la atracción de inversiones en sectores estratégicos con un gran impacto en el empleo y en territorios especialmente afectados por el reto demográfico, creando un entorno favorable para la generación de ecosistemas industriales y proyectos tractores. Asimismo, la norma establece la obligación de que las empresas beneficiarias de ayudas públicas mantengan la actividad productiva al menos durante cinco años -tres en el caso de las pymes-, reconoce una protección especial para la industria intensiva en energía y garantiza el suministro de recursos a través de una reserva estratégica. El texto, además, recoge por primera vez la ordenación de las crisis industriales. En determinadas circunstancias, las empresas tendrán que comunicar al Ministerio de Industria y a los representantes de los trabajadores el cierre o la disminución de actividad que suponga una pérdida importante de puestos de trabajo. Una mesa de reindustrialización -en la que participarán la Administración General y las comunidades autónomas- explorará fórmulas que prevengan y mitiguen los efectos de esas crisis. La norma también refuerza la cogobernanza del ecosistema industrial y la colaboración entre todos sus agentes. Cada diez años se elaborará una estrategia nacional, y cada cinco una hoja de ruta. "En resumen, una ley que impulsa una nueva política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular, que potencia la autonomía industrial de nuestro país preservando también sus capacidades industriales y el empleo, y que contribuye, en definitiva, a que la industria gane peso en nuestro modelo productivo", ha sostenido Reyes Maroto.