Examen a la gestión del Gobierno: Sánchez saca pecho de sus medidas anticrisis y propone obligar por ley a rendir cuentas
El Ejecutivo presenta su balance semestral presumiendo de rebajas energéticas, abonos gratis y empleo, mientras promete una reforma legal para que los futuros gobiernos se examinen en público.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
El presidente del Gobierno ha presentado el informe de balance de gestión correspondiente al cierre de 2022 para hacer balance de las medidas económicas y sociales aplicadas durante la legislatura (rebajas del IVA a la luz y el gas, transporte gratuito, tope ibérico y gravámenes a grandes fortunas y banca). Como novedad, ha anunciado la propuesta de modificar la Ley de Transparencia para que este examen de rendición de cuentas sea obligatorio por ley para los próximos gobiernos.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio y de la presentación de un balance de gestión política.
¿Quién sale ganando con esto?
En el plano político, el Ejecutivo gana un escaparate institucional para destacar sus datos macroeconómicos y reformas laborales frente a la opinión pública. En cuanto a las medidas que se repasan en el informe, los beneficiarios directos señalados son los usuarios de transporte público bonificado, perceptores del bono social e IMV, autónomos y pymes; mientras que las grandes eléctricas, bancos y patrimonios superiores a 200.000 euros asumen una mayor carga fiscal.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
¡Ojo aquí con los detalles que no se cuentan en el discurso oficial! 1. El informe presentado es un documento de autoevaluación elaborado por el propio gabinete del Gobierno, sin una auditoría técnica independiente que fiscalice los cumplimientos reales. 2. La obligatoriedad por ley es solo una promesa política y no garantiza que un futuro Parlamento mantenga el mismo formato o criterio de evaluación. 3. De las cifras multimillonarias de fondos europeos citadas (como los 94.300 millones de la adenda), una parte fundamental son préstamos y créditos que España tendrá que devolver a Bruselas con sus correspondientes condiciones. 4. Los nuevos impuestos a la banca y las energéticas acumulan recursos judiciales en los tribunales; si la justicia falla en contra del diseño fiscal del Gobierno, el Estado se arriesga a tener que devolver esas cantidades con cargo al bolsillo de los contribuyentes.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
Por ahora nada: aún no se puede solicitar nada ni la reforma legal está vigente. La modificación de la Ley de Transparencia tendrá que redactarse como proyecto de ley, enviarse a las Cortes Generales y someterse a votación parlamentaria antes de tener validez jurídica.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Balance de gestión
Redacción burocrática original: