Guerra del agua y tijeretazo al trasvase Tajo-Segura: 547 millones en desaladoras para frenar la sequía

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa Teresa Ribera ha explicado que los planes cumplen escrupulosamente con la legislación europea y española como "premisa incuestionable", se anticipan a un escenario problemático de escasez de agua derivado del cambio climático y buscan asegurar el equilibrio entre los recursos disponibles y la demanda existente. Desde el año 1980 el agua media disponible se ha reducido en un 12% y las proyecciones indican que en el año 2050 puede haber una disminución adicional de entre el 14 y el 40%. "No podemos garantizar el abastecimiento para el agua de boca o para usos económicos dependiendo exclusivamente de la lluvia", ha afirmado la ministra, que ha defendido la importancia de las aportaciones adicionales como el agua desalada y la reutilizada, ""tan preciosas como el agua de superficie y la de los acuíferos". Respecto a los acuíferos, los planes pretenden asegurar que la utilización de sus aguas no supera su capacidad de regeneración. Actualmente, el 40% de los recursos subterráneos están en mal estado de conservación. Por otro lado, la ministra ha enfatizado que es preciso invertir en mayor medida en saneamiento y depuración, ya que España sigue pagando multas coercitivas por retraso en el cumplimiento de sus obligaciones al respecto y "todavía existe un número importante de expedientes de infracción abiertos por parte de la Comisión Europea". Una depuración adecuada significará también contener los nitratos y pesticidas y otros contaminantes emergentes como microplásticos o antibióticos, para que el agua esté en buenas condiciones de uso y para ser reutilizada. La vicepresidenta se ha detenido durante su intervención en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, río que, además de atravesar varias comunidades, desemboca en Portugal, país con el que existe un convenio bilateral para garantizar la buena gestión del recurso. Por primera vez se ha fijado un caudal ecológico cuya aplicación será gradual. Empezará este año en 7 hectómetros cúbicos (hm3) y en los años 2026 y 2027 será de 8 y 8,65 hm3 respectivamente. "Lo diferimos en el tiempo por la voluntad de conciliar los requerimientos legislativos con el impacto social, económico y ambiental", ha señalado Ribera, de forma que "no pueda suponer ningún riesgo para la disponibilidad de recursos suficientes en las cuencas que se han venido beneficiando hasta la fecha del trasvase Tajo-Segura". Según Ribera, la inversión para garantizar aportaciones adicionales de aquí a 2027 permitirá compensar la reducción máxima del agua que se podría llegar a trasvasar. En el peor de los escenarios esa reducción estaría entre los 70 y los 110 hm3 y la inversión en desaladoras, reutilización y programas de eficiencia en regadío permitiría ahorrar como mínimo 140 hm3. "Con una ventaja adicional, porque nadie puede controlar si llueve o si no llueve, pero sí se puede controlar cuánto se desala, cuánto se reutiliza y cómo se pueden gestionar esas aportaciones extraordinarias", ha añadido. Ribera ha manifestado el "compromiso total del Gobierno con las cuencas más secas del Levante" en las que se realizarán inversiones adicionales y un seguimiento exhaustivo del calendario de actuación a través de una comisión bilateral con cada una de las comunidades autónomas afectadas, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Las provincias de Alicante, Almería y Murcia recibirán 547 millones para el incremento de la capacidad de las desaladoras ya existentes, y se establecerán interconexiones entre estas infraestructuras para asegurar que todo el territorio queda cubierto. Del mismo modo se ha llegado a un compromiso sobre el precio del agua desalada para que no suponga una carga inasumible para los agricultores y, aunque está pendiente de aprobación definitiva, podría quedar fijado en torno a los 34 euros por hectómetro cúbico.