Hacienda hace caja: 1.454 millones cobrados a bancos y energéticas en el primer asalto fiscal

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su intervención en la rueda de prensa. | Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha analizado el informe preliminar de evaluación de los nuevos gravámenes temporales para empresas energéticas y entidades de crédito.El plazo para el primer pago anticipado del 50% de la cuota prevista para todo el año concluyó ayer y se han recaudado 817,4 millones de euros del gravamen energético y 637,1 del impuesto a la banca. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha calificado como "muy positivos" estos resultados y ha anticipado que la recaudación real anual de ambos impuestos podría ser superior a la estimación más conservadora, 2.900 millones de euros, o incluso a 3.000 millones, que era la previsión del informe económico que acompañaba al proyecto de ley de creación de estos gravámenes. "La recaudación de ambas figuras representa una cantidad bastante asumible ante el volumen de beneficios obtenido por ambos sectores, una vez conocidas las cuentas de resultados, y no pueden considerarse confiscatorias sino proporcionadas", ha proseguido Montero. Según los datos aportados por la ministra, los grandes bancos españoles tuvieron más de 20.500 millones de beneficio en el año 2022. La cifra de negocio de los dos primeros grupos se incrementó un 25% respecto al año anterior. Por su parte, los beneficios publicados por las principales compañías energéticas reflejan un incremento, solo hasta el mes de septiembre, del 43%, alcanzando casi 12.000 millones de euros. Montero ha manifestado el apoyo por parte del gobierno a ambos sectores, a los que, ha dicho, "lo único que les pedimos es que ante beneficios históricos hagan un pequeño esfuerzo para ayudar a los ciudadanos de su país en un contexto de incertidumbre". La ministra ha recordado que la ciudadanía española ya asumió un elevado coste en la anterior crisis con un rescate de miles de millones de euros de dinero público para sanear el sistema financiero: "Ahora toca a las entidades financieras arrimar el hombro para que haya un mayor y mejor reparto de la crisis, algo bastante comprensible y justo, que está en el ADN de este gobierno progresista". La titular de Hacienda ha anunciado que próximamente se evaluará también el impuesto temporal creado para las grandes fortunas, que afecta a 23.000 contribuyentes con más de 3 millones de patrimonio en España. "Cuando algunas comunidades autónomas recurren este impuesto están defendiendo al 0,1% de los ciudadanos más ricos de su comunidad en detrimento de la sanidad pública o de la educación que utilizan la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país", ha asegurado. Además de estos tres gravámenes, la ministra se ha referido a otras medidas fiscales como la reducción del gravamen de sociedades del 25 al 23% a las pymes cuya facturación no supera el millón de euros, la ampliación de la reducción de rendimientos del trabajo para rentas hasta los 21.000 euros, el aumento del IRPF a las rentas más altas o los impuestos a las transacciones financieras y los servicios digitales. El objetivo del Gobierno desde el inicio de la legislatura ha sido definir un modelo fiscal y un sistema tributario más progresivos y coherentes, que permitan "avanzar en justicia fiscal para conseguir mayor justicia social y luchar contra la desigualdad". Además, ha continuado, todas las medidas fiscales adoptadas se basan en el cumplimiento del artículo 31 de la Constitución y de las recomendaciones internacionales "para pedir un mayor esfuerzo a quienes están obteniendo unos beneficios extraordinarios por la situación económica y geopolítica". Montero ha recordado que la Comisión Europea también ha propuesto gravar los beneficios extraordinarios de sectores como el energético y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha considerado necesario imponer impuestos solidarios excepcionales a las grandes rentas y a las empresas con beneficios extraordinarios. "Quienes se oponen a que la banca, las energéticas o las grandes fortunas contribuyan más deben decir a los ciudadanos a quienes van a pedir ese esfuerzo", ha afirmado. El Gobierno, ha reiterado la ministra, "seguirá trabajando para reforzar los servicios públicos y beneficiar a la mayoría de los ciudadanos del país", y ha puesto como ejemplos la ayuda de 200 euros que se puso en marcha el pasado miércoles -que ya han solicitado más de 1,1 millones de personas-, la reducción de los impuestos vinculados a electricidad y gas o la rebaja del IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra.