Volver a PortadaReunión del Consejo: 10-10-2023
10-10-20232 min de lectura1 visitas

Guerra judicial por las playas y el mar: El Gobierno lleva al Constitucional la Ley de litoral de Galicia

Moncloa impugna casi el 40% de la normativa gallega y pide suspenderla de golpe por considerar que invade competencias exclusivas del Estado sobre la costa y la pesca.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno central ha decidido meter en los tribunales a la Xunta de Galicia recurriendo su recién aprobada Ley del litoral ante el Tribunal Constitucional. Desde Moncloa sostienen que el gobierno gallego se ha saltado la Constitución al intentar gestionar por su cuenta el dominio público de las costas, rebajar la protección de terrenos pegados al mar y adjudicarse el control de la pesca en aguas exteriores. En total, impugnan 31 artículos y exigen que se congelen de inmediato.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio y de una disputa jurídica entre administraciones que gestionan los abogados del Estado dentro de sus funciones habituales.

¿Quién sale ganando con esto?

El Estado reafirma su autoridad y control exclusivo sobre todas las costas del país para evitar que cada comunidad autónoma fije sus propias reglas marítimas. En cambio, quienes quedan atrapados en la incertidumbre son las empresas del sector del mar, conserveras, bateeiros y vecinos de la costa gallega, que confiaban en una tramitación más cercana desde Galicia y ahora ven cómo sus licencias y proyectos quedan congelados.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo con la parálisis burocrática! Cuando el Gobierno de España recurre una ley autonómica solicitando expresamente su suspensión, el Tribunal Constitucional la paraliza de forma automática en cuanto admite el recurso a trámite. Esto significa que la ley gallega quedará en vía muerta durante meses o incluso años, generando un vacío y un lío de competencias que afectará a inversiones, permisos y obras en todo el litoral gallego hasta que los jueces dicten sentencia definitiva.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

El recurso se presenta de forma inmediata. En cuanto el Tribunal Constitucional registre y admita el escrito a trámite, los 31 artículos señalados quedarán bloqueados automáticamente durante un plazo inicial de cinco meses, periodo tras el cual el tribunal decidirá si prorroga la suspensión o permite que se apliquen mientras resuelve el fondo del asunto.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de litoral de Galicia

Redacción burocrática original:

El Consejo de Ministros ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, ha destacado que el recurso cuenta con el aval del Consejo de Estado y es muy amplio, ya que impugna 31 artículos, casi un 40% de la norma. El recurso solicita, además, la suspensión de los puntos impugnados. "Es obligación del Gobierno el velar y el defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio", ha manifestado Rodríguez. La portavoz ha sostenido que la ley gallega se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre: "Hay reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto". La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, durante su intervención. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez El recurso también argumenta que la norma incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia; reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar; atribuye a Galicia competencias que no están previstas en su Estatuto de Autonomía, e invade competencias exclusivas del Estado sobre pesca en aguas exteriores. Isabel Rodríguez ha remarcado que la voluntad del Gobierno respecto a la normativa de las comunidades ha sido durante toda la legislatura "el diálogo permanente". En ese período se han alcanzado 165 acuerdos totales con las comunidades y 15 acuerdos parciales. "Es decir, hemos evitado 180 recursos al Tribunal Constitucional. Esta es la norma, pero cuando se producen excepciones, como es el caso de una comunidad autónoma que se arroga competencias que son del Estado, el Gobierno de España lo que hace es velar por el cumplimiento de la Constitución", ha afirmado.