Paridad forzosa por ley: ni listas electorales ni cúpulas empresariales podrán tener menos del 40% de mujeres

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que este proyecto de ley se presenta "en un momento especialmente duro" de la violencia de género en España, que ya suma 55 mujeres asesinadas durante este año y 1.237 desde que se contabilizan. Redondo ha indicado que la nueva norma también pretende "remover ese machismo estructural" de la sociedad española. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / José Manuel Álvarez La ley -ha añadido la ministra- "manifiesta el firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad real de oportunidades y para remover todos los obstáculos" que la impiden, "como manda nuestra Constitución". Ana Redondo ha defendido que se trata de una norma "justa" porque incorpora a la mitad de la población a todos los niveles de toma de decisiones y "eficiente" porque "no hay una democracia avanzada ni una economía sólida que pueda prescindir del cincuenta por ciento del talento". También la ha calificado de "ambiciosa", ya que "rompe los techos de cristal que todavía existen". La titular de Igualdad ha recordado que la iniciativa ya se presentó en mayo, pero decayó por la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales, y ha manifestado que es una "declaración de intenciones" de los objetivos de la nueva legislatura. "Un mandato en el que vamos a profundizar en derechos y libertades para todas y todos, en el que vamos a agrandar la democracia española", ha sostenido. La norma, en la que han participado varios ministerios por su carácter transversal, cuenta con los informes favorables del Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por tanto, ha asegurado Ana Redondo, se trata de un "proyecto solvente" que, además, no se conforma con trasponer una directiva de la Unión Europea, sino que sitúa a España de nuevo en el liderazgo de la igualdad y avanza en el cumplimiento de la Agenda 2030 en lo relativo al acceso de las niñas y las mujeres a todos los niveles de la actividad social, política y económica. En el ámbito electoral, el texto modifica la legislación para establecer la obligatoriedad de las llamadas 'listas cremallera'. Las candidaturas deberán estar integradas por personas de uno y otro sexo, ordenadas de forma alternativa, tanto en las elecciones locales como en las autonómicas, las nacionales y las europeas. Será la Junta Electoral Central quien supervise que se cumple este mandato legislativo. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / José Manuel Álvarez En el ámbito público, el principio de representación equilibrada -ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40%-- se exigirá en primer lugar al Gobierno. La ministra de Igualdad ha apuntado que el Ejecutivo actual es "profundamente feminista" y un ejemplo en ese sentido, ya que cuenta con 12 ministras y 10 ministros. La regla se va a imponer, además, en el caso de los altos cargos de la Administración General del Estado, con un periodo de adaptación de cinco años. La obligación se extenderá a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional -Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial-, a partir de las siguientes renovaciones de sus miembros. También deberá cumplirse en la composición de los jurados y tribunales que decidan sobre premios y condecoraciones de la Administración General del Estado, así como en las entidades de interés público que superen los 250 trabajadores o los 50 millones de euros de volumen de negocio o un activo superior a 43 millones. La participación equilibrada deberá cumplirse, igualmente, en las juntas de gobierno de los colegios profesionales antes del 30 de junio de 2026. La ministra de Igualdad ha apuntado que en algunas existe un déficit de presencia femenina y que, en los casos en que no se llegue al objetivo, se tendrá que informar de las causas y del plan para alcanzarlo en el plazo más breve posible. En cuanto al sector empresarial, la obligación estará en vigor para los consejos de administración de las sociedades más grandes, las que cotizan en el Ibex-35, a partir del 30 de junio del 2024. Las empresas con más de 500 millones de capitalización bursátil dispondrán de plazo para cumplirla hasta el 30 de junio del 2025. Y las sociedades cotizadas que no lleguen a los 500 millones de euros de capitalización bursátil, hasta el 30 de junio del 2026. Las competencias de supervisión corresponderán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ana Redondo ha explicado que todos los incumplimientos de esta normativa serán considerados como graves y que la ley establece como sanciones desde "multas importantes hasta incluso la suspensión de la cotización de la empresa". "Se trata de que la meritocracia sin paridad no es posible", ha concluido.