Nueva Ley de Defensa: prometen lenguaje judicial entendible y más abogados gratis para personas vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que ya comenzó a tramitarse en las Cortes en la legislatura anterior, pero decayó al convocarse las elecciones generales. "Hemos considerado necesario reactivar de nuevo la tramitación parlamentaria de esta ley porque es una ley garantista que desarrolla un derecho fundamental y está centrada en los ciudadanos, en la línea que desde Justicia estamos estableciendo para hacer una justicia más cercana, más ágil, más moderna y más garantista", ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El texto regula y desarrolla el derecho a la defensa, amparado en el artículo 24 de la Constitución, y lo amplía de acuerdo con lo establecido en las sentencias de los tribunales. Bolaños ha defendido que la ley debe contar con un apoyo muy amplio en el Parlamento "porque lo que estamos haciendo, al fin y al cabo, es garantizar derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país". El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa La norma -ha apuntado- se ha redactado con el diálogo y el apoyo de diferentes operadores jurídicos y, en particular, de la abogacía. Con la futura ley, los abogados y las abogadas "ven reconocidos muchos de los derechos que ellos, como asistentes letrados que son de los ciudadanos y las ciudadanas, pueden llevar a cabo", ha indicado. La ley persigue dos objetivos fundamentales: reconocer las garantías que corresponden a los ciudadanos como titulares del derecho a la defensa y garantizar su salvaguarda. En el capítulo primero del texto, se regula el derecho a la defensa y se establecen unos principios que ha ido desarrollando la jurisprudencia, como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a usar medios de prueba o a no sufrir represalias por haber iniciado acciones judiciales. Entre las novedades, el ministro ha destacado la ampliación del derecho de defensa a las vías extrajudiciales de resolución de conflictos, una línea estratégica del Ministerio para reducir las dilaciones en los procesos, y la compatibilidad del ejercicio de ese derecho con el uso de medios telemáticos en el servicio público. El proyecto de ley reconoce el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y accesible, un aspecto que requerirá tiempo y formación para los jueces y magistrados, según ha reconocido Félix Bolaños. El texto también amplía la asistencia jurídica gratuita: si hasta ahora se concede a las personas con dificultades económicas, a partir de la aprobación de la norma se extendería a todas las personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Además, se obliga a todas las sedes judiciales a ser completa y universalmente accesibles para las personas con discapacidad. Los capítulos segundo y tercero de la ley abordan el papel de la abogacía, que el ministro ha calificado de "esencial", y establecen los derechos de los letrados, así como sus deberes deontológicos y en la relación con los clientes.