Nuevas leyes de familias y atención al cliente: adiós a las esperas infinitas al teléfono y más ayudas a la crianza

El Consejo de Ministros ha acordado remitir de nuevo a las Cortes la Ley de Familias y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, dado que la convocatoria electoral frenó su tramitación. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que las dos iniciativas legislativas, que fueron impulsadas en la legislatura pasada, "materializan el compromiso del Gobierno con la protección del bienestar colectivo y la democratización de la vida económica y social en España". El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez Pablo Bustinduy ha resaltado que la Ley de Familias supondrá un hito en la política social y tiene como objetivos garantizar la protección económica y social a las familias, profundizar en su derecho a la conciliación y avanzar en el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia. El ministro ha indicado que la protección de las familias y la infancia ha sufrido tradicionalmente un déficit de inversión pública de aproximadamente un punto porcentual del Producto Interior Bruto en relación con la media europea, que se agravó con los recortes de la década pasada. Esto se ha traducido en una mayor carga para las familias y, en especial, para las mujeres, que asumen gran parte de las tareas vinculadas al cuidado de la vida. El Gobierno considera que es una tarea democrática garantizar que las carencias materiales y de tiempo no sean un escollo para que cada cual pueda desarrollar planamente su proyecto de vida. El ministro ha explicado que "la Ley de Familias sale al paso de esta tarea estableciendo un marco ambicioso y coherente de políticas públicas que incide, especialmente, en la protección económica y social de las familias, fomentando la corresponsabilidad y la conciliación y adecuando nuestro ordenamiento a la realidad familiar de nuestro país, que la ley pasa a reconocer y a proteger". Bustinduy ha destacado que la futura ley reconoce por primera vez la existencia y las necesidades específicas de los dos millones de familias monoparentales, de las cuales el 81% son 'monomarentales' porque las encabeza una mujer. A partir de ahora, dispondrán de un título de acreditación oficial de familia monoparental y podrán disponer de 16 semanas de educación infantil gratis dentro de los primeros 24 meses de vida de sus hijos. Tendrán acceso prioritario a vivienda protegida, alquiler social, becas, ayudas, acceso a centros educativos, transporte público, actividades culturales y de ocio. Además, se equipararán los derechos de las familias monoparentales con dos hijos a los de las familias numerosas. Por otra parte, la norma formaliza la equiparación de los derechos, como a las pensiones y a otras prestaciones, entre las parejas de hecho y los matrimonios, a través de la creación de un registro estatal de parejas de hecho. El titular de Derechos Sociales ha avanzado que la ley formaliza la existencia de una prestación de ayuda a la crianza. Asimismo, recoge la posibilidad de disfrutar de los permisos de nacimiento diez días antes del parto para el segundo progenitor e incorpora supuestos de acogida permanente. La norma también amplía el umbral de acceso al Fondo de Garantía de Pago de alimentos y su cuantía, que podrá alcanzar los 500 euros mensuales frente a los 100 actuales. Se reconocerán como familias numerosas de categoría especial las integradas por cuatro o más hijos, tres en caso de parto múltiple. Se equipararán a las familias numerosas las compuestas por dos hijos que tengan un progenitor con un 33% de discapacidad. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha expuesto que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela ampliará los derechos de los consumidores en dos ámbitos: el del tiempo y el de la calidad de la atención recibida. La futura ley acortará a la mitad el plazo para la resolución de las reclamaciones de los ciudadanos, que pasa de un mes a quince días. Además, fija un tiempo máximo de tres minutos para que las compañías atiendan las llamadas de sus clientes, que, en cualquier momento, podrán solicitar hablar con un operador especializado, según ha detallado Bustinduy. La ley establece que las empresas tendrán que ofrecer prestaciones personalizadas a sus clientes atendiendo a consideraciones como su edad o su discapacidad. Como ejemplo, el ministro ha anticipado que las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a ser atendidas en un formato accesible y las mayores de manera presencial en el ámbito de los servicios financieros. Además de favorecer la accesibilidad universal y de mitigar la brecha digital, la ley también prevé que la atención a la clientela esté disponible las 24 horas, los 365 días al año en servicios básicos, como la energía, el agua, los transportes, los servicios financieros o las telecomunicaciones. Asimismo, la norma recoge el derecho a que el consumidor sea atendido en las lenguas cooficiales del Estado. Pablo Bustinduy ha añadido que para garantizar el cumplimento de estos requisitos, el texto obliga a las empresas a someterse a auditorías externas. "Los derechos de las personas consumidoras son derechos sociales y democratizar las relaciones de consumo, paliar las desigualdades que las atraviesan a menudo y garantizar el respeto y equidad en esas relaciones para toda la ciudadanía es y debe ser uno de los principales compromisos de los poderes públicos", ha remarcado el ministro.