Más control a quienes trabajan con niños: los condenados por trata quedan vetados y las empresas podrán revisar antecedentes periódicamente

El Gobierno ha modificado la regulación del actual Registro Central de Delincuentes Sexuales con el fin de reforzar sus funciones de protección integral a la infancia y la adolescencia. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recordado que el registro, en funcionamiento desde el año 2016, garantiza que nadie con antecedentes por delitos sexuales trabaje en contacto con menores. "Es una base de datos gratuita, pero no pública, a la que podemos acceder todos los ciudadanos para obtener el certificado de no antecedentes penales para poder trabajar en algún oficio que tenga que ver con menores", ha remarcado. La primera modificación aprobada hoy es que el registro incorporará información sobre las personas condenadas por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima. Así, el registro cambia su denominación y pasará a denominarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. La segunda novedad, según ha expuesto Félix Bolaños, es que se habilita a empresas, instituciones, ONG y a algunos colegios profesionales a solicitar de forma periódica el certificado negativo de antecedentes penales de sus trabajadores que estén en contacto habitual con menores, contando con su consentimiento. Así se evita que personas que hayan cometido un delito tras haber sido contratadas se relacionen con menores. La tercera reforma supone que la norma habilita a las personas de entre 16 y 18 años, como los monitores de campamentos o socorristas, para que puedan solicitar el certificado al registro directamente, y no a través de sus padres o tutores. La cuarta modificación implica la interconexión del registro de antecedentes penales europeo con el español, de forma que los ciudadanos de la Unión Europea que quieran trabajar en España obtendrán de forma simultánea los dos certificados que se les exigen: el de carencia de antecedentes penales en España y el de carencia en su país de origen. El ministro también ha informado de que se equipara el régimen de cancelación de las condenas dictadas a personas condenadas por delitos sexuales por parte de jueces o tribunales extranjeros al régimen español. "Con esta reforma aumentamos la cooperación con otros países de nuestro entorno y tomamos medidas que simplifican la burocracia al máximo. Trámites que podían prolongarse durante semanas, ahora se podrán hacer con un clic, en prácticamente minutos", ha concluido.