Volver a PortadaReunión del Consejo: 24-09-2024
24-09-20242 min de lectura1 visitas

El Gobierno frena en seco su plan de déficit en el Congreso para evitar una derrota y ganar tiempo

Moncloa retira la votación parlamentaria sobre el límite de gasto para renegociar con sus socios el reparto de 12.000 millones de margen fiscal para autonomías y ayuntamientos.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha acordado retirar del Congreso de los Diputados la votación de los objetivos de estabilidad y deuda que aprobó el 10-09-2024. En cristiano: como no tenían los votos asegurados para sacarla adelante, han preferido frenar en seco y aplazar el debate para seguir negociando en los despachos antes de sufrir un varapalo parlamentario.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un trámite parlamentario y regulatorio sobre topes de endeudamiento. Ahora bien, lo que está en juego de fondo es dar a comunidades autónomas y ayuntamientos un margen extra de gasto y deuda de casi 12.000 millones de euros para el periodo 2025-2026. Si finalmente se aprueba ese tope, ese margen de endeudamiento equivaldría a unos 250,00 € por español (12.000 millones entre 48 millones de habitantes).

¿Quién sale ganando con esto?

De momento, el propio Ejecutivo, que gana tiempo político para no perder una votación crucial. Si logran un pacto definitivo, las beneficiadas directas serán las administraciones autonómicas y locales, que tendrían vía libre para estirar sus presupuestos en sanidad, educación y servicios municipales sin tener que recortar.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Más "margen de déficit" no significa dinero regalado ni ayudas a fondo perdido que lluevan de la nada. Significa simplemente permiso para que autonomías y ayuntamientos puedan pedir más dinero prestado a los bancos y endeudarse más, una deuda pública que a medio y largo plazo acabaremos pagando los ciudadanos con nuestros impuestos. Además, la trampa política es evidente: si no logran convencer a sus socios y no se aprueba esta senda, volverán a regir los objetivos antiguos, mucho más duros, lo que forzaría a las autonomías a apretarse el cinturón.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede aplicar ni hay nada en firme. El Gobierno abrirá una nueva ronda de contactos para intentar pactar un texto antes de volver a someterlo a votación en el Congreso. El ciudadano de a pie no tiene que realizar ningún trámite, solo estar atento a si el pulso político acaba en acuerdo o en recortes presupuestarios.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Aplazamiento de la tramitación de la senda de déficit

Redacción burocrática original:

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado del acuerdo del Consejo de Ministros para retirar del Orden del Día del Congreso de los Diputados del próximo jueves la senda de déficit adoptada por el Gobierno el 10 de septiembre y aplazar, así, su tramitación para "dar una nueva oportunidad al diálogo y a la negociación". De acuerdo con Alegría, el aplazamiento de la tramitación de los objetivos de estabilidad para el período 2025-2027 permitirá ofrecer más tiempo para lograr un acuerdo que beneficie a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. "Lo que está en juego es muy importante porque estamos hablando de, nada más y nada menos, que 12.000 millones de euros con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", ha señalado la portavoz. La senda de estabilidad presentada por el Gobierno, que fue avalada por las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de julio, flexibiliza los objetivos de déficit para las comunidades y los ayuntamientos en 2025 y 2026. En concreto, ofrece dos décimas más de margen fiscal cada año a las autonomías. En el caso de las entidades locales, supone una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026, respecto a la senda anterior vigente. En total, implica casi 12.000 millones de euros más de capacidad de gasto a comunidades y ayuntamientos.