Freno a las deslocalizaciones: las fábricas deberán avisar con 9 meses antes de cerrar y devolver ayudas millonarias

Jordi Hereu ha subrayado que el texto no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después en la industria española. El proceso de transformación y reindustrialización se realizará con instrumentos de política y gobernanza industrial. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez Como instrumentos de gobernanza, el ministro ha señalado la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, que es el documento que sentará las líneas generales de política industrial y que se concretará en un plan estatal con vigencia de tres años y en estrategias con un horizonte de seis años. Además, se crea el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI), un nuevo órgano consultivo, que coordinará esta política que el Gobierno está abordando desde distintos ministerios. A este órgano se suma la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, para favorecer la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, que permitirá la interrelación entre el Gobierno y los sectores industriales. Como instrumentos de atracción de inversiones, Jordi Hereu se ha referido a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que, más allá de la vigencia de los fondos 'Next Generation', estarán dirigidos a los ecosistemas industriales. Junto a la atracción de nuevos proyectos industriales, la nueva ley pretende mantener y proteger la actividad que ya existe en España. Con esta finalidad, regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno, que analizará, junto a la empresa, los sindicatos y las comunidades autónomas, "las distintas alternativas para revertir la decisión o, en su caso, asegurar todas las opciones para el mantenimiento de las capacidades industriales", según ha explicado el ministro. Hereu ha añadido que la norma contempla que aquellas empresas que hayan recibido subvenciones públicas superiores a tres millones de euros en los últimos cinco años tengan que mantener su actividad y el empleo durante el periodo que establece la ley. La norma también recoge nuevos instrumentos para asegurar la capacidad de producción propia en productos y bienes de primera necesidad y, por tanto, críticos y estratégicos, en especial en situaciones de crisis como fue la pandemia. Por ello, crea la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, susceptible de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis. El ministro ha aclarado que se trata de un mecanismo que definirá un catálogo de productos y capacidades industriales e identificará a aquellas empresas que puedan producirlos, establecerá acuerdos con ellas, de manera que, ante una situación de crisis, puedan movilizar sus capacidades de producción para satisfacer necesidades básicas. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez La ley reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica o gas). El Gobierno establecerá medidas de apoyo que facilitan la descarbonización de sus procesos y su transición energética. También incide en el impulso de las pymes, en la simplificación de los procesos administrativos y en la promoción de los Ecosistemas Industriales Estratégicos. Jordi Hereu ha reiterado la necesidad de esta ley que aportará "modernización, seguridad, certidumbre y nuevos instrumentos de apoyo a nuestra industria", cuyo texto normativo "contempla la eficacia, la eficiencia y la efectividad".