Volver a PortadaReunión del Consejo: 14-01-2025
14-01-20252 min de lectura1 visitas

Promesas de vivienda pública: 1.500 millones de euros en suelo y años de espera antes de ver pisos terminados

El Gobierno anuncia el traspaso de suelos estatales y pisos de la Sareb a una nueva empresa pública, pero la mayoría de las casas tardarán años en construirse y dependen de los ayuntamientos.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha presentado un informe con sus planes sobre vivienda pública. La idea principal es concentrar el suelo del Estado (2 millones de metros cuadrados) y las viviendas de la Sareb (el 'banco malo') en una nueva empresa pública estatal para promover alquiler asequible, además de reactivar proyectos como la 'Operación Campamento' en Madrid con 10.700 viviendas.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

El informe detalla actuaciones en marcha de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) por un presupuesto superior a 1.500 millones de euros. Salimos a unos 31,25 € por español. A esto hay que sumar el valor de los suelos y activos de la Sareb transferidos, que ya fueron rescatados en su momento con fondos públicos.

¿Quién sale ganando con esto?

Sobre el papel, los jóvenes y familias con dificultades para pagar un alquiler libre que logren acceder a estas viviendas en el futuro. En el corto plazo, ganan las empresas constructoras y promotoras que opten a las licitaciones públicas de urbanización y edificación.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Gran parte de lo anunciado son suelos sin urbanizar o proyectos en fase administrativa, no llaves en mano para mañana. La ejecución real tardará años por los plazos de licitación y obra. Además, grandes desarrollos como la 'Operación Campamento' dependen obligatoriamente de los permisos urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid y de las obras de soterramiento de la autovía A-5. Si las administraciones locales o autonómicas no agilizan las licencias o no colaboran, los proyectos se quedarán bloqueados.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ninguna de estas viviendas. El Ejecutivo prevé poner en marcha en el primer semestre de 2025 un plan estratégico y un portal web de gestión para que los ciudadanos puedan inscribirse en el registro de demanda cuando las promociones estén listas.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Abordaje integral de la gestión de la vivienda pública

Redacción burocrática original:

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la gestión pública de vivienda en 2024 y las previsiones para el primer semestre de 2025. Rodríguez ha destacado que si la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) estaba desarrollando 10 actuaciones al comienzo de 2024, la cantidad había ascendido al final de ese año a 29, concretadas en 15.500 viviendas y un presupuesto superior a los 1.500 millones de euros. Además, en la última reunión del Consejo de Ministros de 2024 se regularon los alquileres de corta duración, se simplificó la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la vivienda pública y se mantuvieron las bonificaciones en el IRPF por rehabilitación. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En cuanto a las iniciativas que se llevarán a cabo en 2025, la ministra ha asegurado que la incorporación de 2 millones de metros cuadrados de suelos residenciales y más de 3.000 viviendas de titularidad estatal a la recién creada empresa pública de vivienda permitirá un abordaje integral de esta política. De esta manera, la nueva entidad podrá encargarse de todo el proceso, desde la puesta a disposición del suelo y su urbanización hasta la entrega de las llaves y la gestión de esas viviendas para el alquiler asequible. La empresa pública de vivienda también va a incorporar las viviendas con las que actualmente cuenta la SAREB, la gestora de los activos inmobiliarios procedentes del saneamiento del sector financiero. En los próximos seis meses, el Ejecutivo elaborará, además, un plan estratégico de la entidad pública y creará un "portal de gestión transparente" para la demanda de esas viviendas por parte de la ciudadanía. Entre los planes del Ministerio, figura igualmente el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Vivienda, anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de impulsar la innovación, la agilidad y la sostenibilidad en la construcción de viviendas. La meta -ha indicado Rodríguez- es aprovechar todos los recursos de la Administración General del Estado para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible y garantizar el mandato constitucional. La ministra ha subrayado también la importancia de "blindar" el parque público de vivienda para que el "esfuerzo sin precedentes" del Ejecutivo en este ámbito "sirva para siempre" y se impida la especulación. Como ejemplo de la política "determinada e integral" del Gobierno, Isabel Rodríguez ha señalado el desbloqueo de la 'Operación Campamento', que permitirá construir en unos terrenos que pertenecían al Ministerio de Defensa más de 10.700 viviendas "cien por cien asequibles". El Ministerio está pendiente de que culmine la autorización de la iniciativa urbanística por el Ayuntamiento de Madrid. En febrero podrían comenzar ya los trabajos de urbanización de este "barrio completo, con criterios de sostenibilidad", según ha dicho la ministra, quien ha apuntado que, además, está pendiente de firma un convenio que responderá a la demanda vecinal de soterramiento de la autovía A-5 y lo extenderá al nuevo barrio. La titular de Vivienda ha sostenido que, "a lo largo de la legislatura", se verán los efectos de las políticas del Ejecutivo ante un problema que afecta a "miles y miles de españoles y españolas, especialmente a los más jóvenes". Rodríguez ha reclamado la "colaboración leal de todas las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos" y "el acompañamiento del sector" para construir la vivienda necesaria para atender a la oferta.