Freno al politiqueo de pasillos: el Gobierno busca regular a los 'lobbies' que intentan influir en las leyes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa El Gobierno ha acordado remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Es la primera vez que se regulan, en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), las relaciones entre los denominados 'lobbies' y los titulares de puestos públicos en la AGE, susceptibles de recibir influencia, con el fin de garantizar una mayor transparencia, participación en la toma de decisiones públicas y prevención de conflictos de intereses. La norma considera grupos de interés a aquellas personas físicas y jurídicas, agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público. No tendrán la consideración de grupo de interés las administraciones públicas y su sector público institucional, los organismos y las autoridades públicas internacionales (incluidas las misiones diplomáticas y embajadas), los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y los colegios profesionales en el ejercicio de funciones públicas. Se consideran personal público susceptible de recibir influencia los altos cargos de la AGE, los asesores de los gabinetes, los cargos directivos públicos y el resto del personal público que participe en la toma de decisiones, en la elaboración de disposiciones normativas y en la ejecución de las políticas públicas.