Luz verde con condiciones a la compra del Sabadell por el BBVA: obligados a operar por separado tres años

El Consejo de Ministros ha autorizado la operación de concentración del BBVA sobre el Banco Sabadell, con la condición de que, durante los tres próximos años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Además, ha confirmado los compromisos ya fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado que la condición adicional establecida por el Gobierno se fundamenta en la protección de cinco criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, de acuerdo a lo que habilita la normativa. Esos criterios son garantizar que se cumplen los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y la actividad empresarial a través, esencialmente, de la financiación, en concreto a las pymes; la protección de los trabajadores; la cohesión territorial; los objetivos de política social, desde la obra social de las fundaciones a la protección de los clientes financieros y la vivienda asequible; y la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa El ministro ha subrayado que se trata de criterios de interés general, promulgados en nuestro ordenamiento jurídico y avalados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Respecto a la autonomía de gestión, Carlos Cuerpo ha aclarado que implica una toma de decisiones efectiva en, al menos, los siguientes ámbitos: la financiación y el crédito; las decisiones relativas a los recursos humanos; la red de oficinas y servicios bancarios y la obra social a través de las fundaciones. Para evaluar el cumplimiento de la condición, ambas entidades deberán remitir 2 documentos, con una antelación máxima de 6 meses y mínima de 2, antes de cumplirse el plazo de los 3 años: un informe de situación sobre cómo se ha llevado a cabo la gestión autónoma y un plan estructural que detalle en qué medida la estrategia corporativa de las entidades afectará en los siguientes años a los criterios de interés general. Una vez evaluada la condición, el Consejo de Ministros determinará si amplía su duración otros 2 años más. El titular de Economía ha remarcado el "elemento de proporcionalidad y equilibrio" en la condición impuesta a la operación, "que tiene un enfoque finalista, buscando en todo momento proteger los criterios de interés general, en línea con nuestro marco normativo y nuestro ordenamiento jurídico".