El negocio de la sanidad privada bajo la lupa: Sanidad prepara una ley para blindar la pública y fiscalizar los conciertos

El Consejo de Ministros ha abordado el primer informe realizado por el Ministerio de Sanidad sobre la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que el informe recoge, en primer lugar, la evidencia científica sobre las consecuencias de la privatización de los sistemas sanitarios: aumento de la mortalidad evitable, disminución de las plantillas y peor acceso a la sanidad de los colectivos más vulnerables, entre otras. La sanidad pública, ha destacado la ministra, "sigue gozando de la confianza de la mayoría de los ciudadanos españoles", sobre todo para el tratamiento de patologías complejas y problemas de salud importantes. Los datos reflejan un gran aumento de las consultas especializadas en la sanidad privada, pero sobre todo para casos puntuales, ya que el seguimiento de las patologías se realiza sobre todo en la sanidad pública. La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / José Manuel Álvarez Los seguros privados, por su parte, han crecido casi un 90% en los últimos años y ya alcanzan al 32% de la población. Dos tercios son individuales y un tercio corresponde a seguros de empresas. El porcentaje varía notablemente entre las comunidades autónomas: la de Madrid se encuentra a la cabeza con un 44% de la población con seguro privado, frente a Navarra, que no llega al 20%. La titular de Sanidad ha explicado que el Sistema Nacional de Salud ha crecido en la última década por la vía de los hospitales de gestión privada que cuentan con financiación pública. El tipo de concierto cambia de unas comunidades autónomas a otras, pero en toda España solo hay siete hospitales privados -5 de ellos en la Comunidad de Madrid- que se encuadran en un "modelo sustitutorio", es decir, que sustituyen de alguna manera a un hospital público en el área de atención sanitaria. Mónica García ha remarcado que "el sistema sanitario, también el privado, descansa sobre la financiación pública": la mayoría de los equipamientos y de la asistencia sanitaria, tanto en urgencias y consultas como en cirugía mayor ambulatoria y quirófanos, están financiados por la sanidad pública. Por ejemplo, en las estancias hospitalarias el peso de lo público roza el 90%; ese porcentaje supera el 93% en el caso de los hospitales de día, donde los pacientes reciben tratamientos que no son rentables. Y en los procesos más costosos, como la atención a los neonatos de bajo peso o los trasplantes, el 100% de los casos se atienden en la sanidad pública. Este informe, según ha sostenido la ministra, sirve no solo como diagnóstico, sino también como hoja de ruta: "Necesitamos una ley que proteja y que blinde lo público y que se gestione con criterios públicos, que nadie sea capaz de anteponer los criterios económicos a la salud". Mónica García ha anunciado que su departamento trabaja en la elaboración de esa norma. Además, Sanidad ha solicitado de manera oficial a la Comunidad de Madrid información detallada sobre el hospital público de gestión privada de Torrejón y sobre los hospitales gestionados por Quirón Salud, con el fin de "garantizar la transparencia, evaluar si ha habido un uso debido del dinero público y proteger el buen funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud".