Más de 71 millones para blindar las tobilleras de maltratadores tras los graves fallos del sistema

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y las penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado que el contrato actual se inició en noviembre de 2023 y concluirá el 6 mayo de este año y que el servicio es gestionado por una Unión Temporal de Empresas de Vodafone con Securitas España. Tras el cambio de plataforma en 2023, según ha apuntado, se produjeron "distintas disfunciones en cuanto a la itinerancia de datos". Esas disfunciones fueron incorporadas a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, que hacía referencia a un número importante de sobreseimientos y órdenes de absolución de algunos maltratadores. La titular de Igualdad ha asegurado que en el Ministerio todavía están a la espera de conocer esas sentencias, pero que, en cualquier caso, eran conscientes de la necesidad de mejorar el contrato e incorporar las propuestas de las investigaciones internas y de la auditoría externa. "Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un Gobierno responsable", ha sostenido. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Entre las mejoras del contrato, la titular de Igualdad ha señalado su cuantía y duración: si el servicio actual se licitó por 50,1 millones de euros y 30 meses, el nuevo cuenta con un presupuesto de 71,3 millones para 3 años (ampliable hasta los 111 millones si se ejecutan las prórrogas y se extiende hasta los 5 años). En cuanto a los dispositivos de seguimiento, el contrato incrementa el número disponible, lo que permitirá cambiar en un máximo de 24 horas aquellos que sean manipulados o que presenten cualquier tiempo de disfunción. Ana Redondo ha explicado que se va a apostar por un dispositivo de tobillera que, según los técnicos, es más fiable y menos manipulable que los brazaletes. Además, el sistema incluye una tarjeta eSIM para los móviles de las víctimas y de los agresores que no se podrá extraer, lo que facilitará la geolocalización. También se ha mejorado la duración de las baterías, como planteaban las víctimas para disponer de más autonomía. Un segundo grupo de mejoras se refiere a la Sala Cometa, el centro de control y gestión de los medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación a las víctimas. Si el contrato actual comenzó con 70 operadoras, el nuevo exigirá un mínimo de 151, y esa plantilla contará además con responsables de coordinación de los recursos materiales y de la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras instituciones, y con LexNET (la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y diversos operadores jurídicos). La ministra de Igualdad ha resaltado, por último, las mejoras relativas al seguimiento del contrato: se refuerza el plan de contingencia, se incorpora personal de apoyo psicológico para los trabajadores del operativo Cometa y se exige a la empresa adjudicataria que incorpore todas las innovaciones que se puedan producir durante la vigencia del contrato.