Inyección millonaria a la dependencia: el Estado sube hasta un 127% lo que paga por cada dependiente a las comunidades

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterioir al Consejo de Ministros. La reforma del sistema amplía, a partir del 1 de julio, las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia. Así, las cuantías para las personas que tengan reconocido el grado I pasan de 76 a 90 euros al mes, para el grado II suben de 130 a 260 euros al mes, y para el grado III se incrementan de 290 a 660 euros al mes. El ministro ha añadido que las comunidades autónomas contarán con un 93% de recursos más para poder atender las obligaciones del sistema: "El objetivo es, de manera inmediata, poder eliminar las listas de espera, aumentar la intensidad y la calidad de las prestaciones y de los cuidados, así como mejorar las condiciones de trabajo en un sector absolutamente imprescindible y estratégico". La aportación económica del Gobierno a la dependencia, tras estos incrementos, alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.234,4 millones en 2027. Esto supone que la inversión del Estado será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década. El titular de Derechos Sociales ha repasado las actuaciones del gobierno de coalición para mejorar el sistema de dependencia, que atiende en la actualidad a 1.682.789 personas, ampliar su cobertura y reducir las listas de espera. Entre esas actuaciones, ha señalado el plan de choque de 2021, la reforma del artículo 49 de la Constitución, la estrategia para un nuevo modelo de cuidados, la financiación de la ley ELA y la creación del grado III + dentro del sistema de cuidados. Asimismo, ha subrayado que España es el único país que destinó casi 3.000 millones de euros de los fondos europeos a la renovación de infraestructuras sociales, a la modernización de los servicios sociales y a la atención a la dependencia. Por otra parte, el ministro ha incidido en que la evolución demográfica del país supone que las necesidades de atención y cuidado van a aumentar a un "ritmo extraordinariamente importante" y que serán necesarias el doble de personas para trabajar en el sistema. Pablo Bustinduy ha argumentado que el incremento en la financiación de la dependencia tendrá una rentabilidad económica y social. Un estudio realizado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, citado por el ministro, refleja que cada euro que se invirtió en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica y 95.000 empleos directos en el sector. Asimismo, señala que el 50% de la inversión total retornó al Estado a través de cotizaciones sociales e impuestos. Según las estimaciones que maneja el Gobierno, la norma aprobada hoy se traducirá en la creación de 100.000 empleos adicionales en el sector y producirá un retorno de 3.000 millones de euros para las arcas públicas. "Invertir en dependencia no solo permite profundizar en la protección social y cambiar las condiciones de vida de quienes están en una posición más vulnerable, sino que, además, permite generar desarrollo económico y cohesión social de una manera sostenida y eficaz", ha concluido el ministro.