El Gobierno inicia la reforma exprés de las leyes de Extranjería y Asilo para adaptarse a las exigencias de Bruselas

El Consejo de Ministros ha abordado la elaboración de una ley de asilo y la reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El objetivo de ambas iniciativas es adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en 2024. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que las realidades migratorias y de asilo de los Estados miembros son diferentes, por lo que concretar en la legislación española los reglamentos comunitarios requiere modificaciones legislativas. En este sentido, se han elaborado dos anteproyectos de ley con un enfoque garantista, de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que, a su vez se conjuga con la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país. Este mismo enfoque, ha remarcado el ministro, "nos llevó a rechazar el reglamento de retorno a terceros países". Ambos textos serán trasladados a los ministerios, instituciones y organismos competentes para que trasladen sus observaciones. El ministro confía en que, a la mayor brevedad posible, el Consejo de Ministros apruebe estas normas como proyectos de ley y los remita a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Fernando Calvo Fernando Grande-Marlaska ha argumentado que elaborar una ley de asilo de nuevo cuño permitirá incorporar de forma integral todos los preceptos de los reglamentos europeos relacionados con las personas solicitantes y beneficiarias de la protección internacional. Además, dotará de mayor claridad y seguridad jurídica a una materia hasta ahora dispersa en distintos reglamentos de la Unión Europea. "Nuestro objetivo no es otro que contar con un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista, que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratorio sin reducir en modo alguno las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias, para lo cual se presta especial atención a las personas vulnerables, a los menores y por supuesto al mantenimiento de la unidad familiar, ha subrayado. Entre los aspectos más relevantes de la futura ley, el ministro ha destacado que actualiza y precisa las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria. Además, incorpora de forma expresa realidades que ya venían siendo relevantes en la práctica, como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad, lo que mejora el abordaje de situaciones concretas de vulnerabilidad. Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, la norma distingue entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado que ha de estar resuelto en tres meses. Además, fija un nuevo procedimiento de frontera de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de doce semanas, durante las cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas. Esta medida es una cautela, según ha concretado el ministro, que se aplica antes de que se autorice su entrada formal en el país y facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Fernando Calvo El titular de Interior ha explicado que se reforma de forma parcial la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en aquellas materias que afectan a los derechos fundamentales para cumplir con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. La reforma incorpora la figura del triaje, que es el proceso de recogida de información de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin haber sido sometidas a los controles fronterizos. De entrada, este control incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos. Fernando Grande-Marlaska ha recordado que, aunque el reglamento europeo permite que el procedimiento de triaje dure hasta siete días, en España seguirá siendo de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial. El objetivo es limitar al mínimo imprescindible es tiempo que la persona extranjera permanezca en las instalaciones policiales. Sobre el procedimiento fronterizo de retorno, la reforma que impulsa el Gobierno incorpora los preceptos del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que impiden la entrada en territorio nacional de aquellas personas que llegan de manera irregular y no tienen derecho a protección internacional. El retorno debe ser ejecutado en un plazo máximo doce semanas. Los solicitantes de protección internacional que vean rechazada su petición recibirán una notificación junto a la denegación de entrada y la obligación de abandonar el país.