Lenguaje fácil y pictogramas obligatorios en hospitales y juzgados, y 432 millones para proyectos sociales
El Gobierno aprueba una norma para que la burocracia y los servicios públicos se entiendan sin rodeos y reparte los fondos de la casilla social del IRPF entre las comunidades.
Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.
¿Qué han aprobado exactamente?
Por un lado, un reglamento que obliga a hospitales, transportes, juzgados, elecciones y telecomunicaciones a explicarse con claridad: tendrán que usar lectura fácil, pictogramas, audios y diseños comprensibles sin cobrar nada extra por ello. Por otro lado, dan luz verde al reparto de 432 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar proyectos de ONGs y servicios sociales.
¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?
432 millones de euros. Salimos a exactamente 9,00 € por español. Este dinero no sale de deuda nueva, sino de lo recaudado a través de la casilla del 0,7% (fines sociales) que marcan los ciudadanos en el IRPF y las empresas en el Impuesto sobre Sociedades.
¿Quién sale ganando con esto?
Principalmente las personas con discapacidad intelectual, mayores o con dificultades de comprensión, que tendrán más fácil entender un juicio, un informe médico o cómo votar. En el plano económico, las beneficiadas son las ONGs y entidades del tercer sector que recibirán estas subvenciones a través de sus respectivos gobiernos autonómicos.
¿Tiene letra pequeña o trampa?
Sí. El dinero de los 432 millones no va directo a los ciudadanos: se transfiere a las Comunidades Autónomas, que son las que deciden en qué convocatorias y a qué asociaciones se lo dan, con el riesgo habitual de retrasos burocráticos según cada región. Además, respecto a la accesibilidad cognitiva, la norma sobre el papel es impecable, pero adaptarla a cada centro de salud o estación de tren requerirá tiempo y no se especifica una partida presupuestaria extra exclusiva para renovar toda la señalética del país.
¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?
La norma de accesibilidad entrará en vigor tras publicarse en el BOE, momento a partir del cual las administraciones y empresas de transporte deben empezar a adaptar sus formatos. En cuanto a las ayudas sociales, las comunidades autónomas recibirán los fondos para abrir sus correspondientes convocatorias a lo largo del año.
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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)
Titular oficial:
Impulso a la accesibilidad cognitiva y programas de interés social
Redacción burocrática original: