Guerra judicial por la Memoria Democrática: El Gobierno lleva a Baleares ante el Tribunal Constitucional
Moncloa recurre la derogación de la ley balear de memoria histórica tras romperse las negociaciones con el Govern autonómico.
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Moncloa recurre la derogación de la ley balear de memoria histórica tras romperse las negociaciones con el Govern autonómico.
El Consejo de Ministros aprueba una declaración institucional en recuerdo de las víctimas y sus familias en el 50 aniversario del golpe militar de 1976.
El Consejo de Ministros acuerda hacer públicos los archivos oficiales sobre el 23 de febrero de 1981 para que historiadores y ciudadanos puedan consultarlos.
Hacienda aprueba el techo de gasto previo a los próximos Presupuestos Generales y activa la lista oficial para retirar símbolos franquistas.
El Gobierno fija el procedimiento para crear una lista negra oficial de vestigios de la dictadura que particulares y ayuntamientos podrán pedir retirar.
El Gobierno rinde cuentas tras tres años de ley con la mitad de las fosas comunes abiertas y una avalancha de solicitudes de nacionalidad de descendientes del exilio.
El Consejo de Ministros otorga el pasaporte español a 54 hijos y 117 nietos de los voluntarios extranjeros que combatieron en la Guerra Civil.
El Consejo de Ministros tipifica el daño a los hijos para herir a la madre y destina fondos directos a la identificación de víctimas de la dictadura.
El Ejecutivo reparte fondos públicos a dedo entre la FEMP y una decena de diputaciones y ayuntamientos para seguir localizando e identificando víctimas.
El Gobierno reitera su posición diplomática sobre el conflicto en Oriente Medio y confirma el regreso al trabajo del titular de Política Territorial tras su baja médica.
Moncloa impugna ante la justicia la norma autonómica al considerar que invade competencias y recorta los derechos de reparación a las víctimas.
Un nuevo decreto fija la estructura del Consejo de Memoria Democrática y nombra a diez expertos para elaborar un informe sobre la guerra y la dictadura en 18 meses.
El Ejecutivo impugna la maniobra legal de la Comunidad de Madrid para forzar que la Real Casa de Correos sea declarada 'Lugar de Memoria'.
Moncloa impugna la ley cántabra que derogó la normativa autonómica de memoria democrática tras fracasar el intento de pacto bilateral.
Moncloa desestima el recurso de la Comunidad de Madrid y mantiene el trámite para declarar la Real Casa de Correos como 'Lugar de Memoria' por las torturas de la dictadura.
El Consejo de Ministros del 07-01-2025 perfila su estrategia de deuda pública para afrontar el gasto de la catástrofe y pone en marcha los actos oficiales del fin de la dictadura.
Moncloa nombra a una historiadora al frente de una nueva estructura y una comisión interministerial para coordinar exposiciones y conferencias durante 2025.
El Gobierno amplía hasta finales de 2025 el plazo para que los hijos y nietos del exilio puedan tramitar su pasaporte español ante el aluvión de más de 300.000 solicitudes.
El Gobierno destina 1,15 millones de euros a labores forenses en el antiguo Valle de los Caídos para atender las 170 peticiones de familias que buscan a sus víctimas.
El Gobierno crea una comisión interministerial para planificar el cambio definitivo de uso y relato del antiguo Valle de los Caídos.