Volver a PortadaReunión del Consejo: 08-04-2025
08-04-20252 min de lectura1 visitas

El Gobierno crea la 'Comisión de la Verdad' e institucionaliza el registro de asociaciones de Memoria Democrática

Un nuevo decreto fija la estructura del Consejo de Memoria Democrática y nombra a diez expertos para elaborar un informe sobre la guerra y la dictadura en 18 meses.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Ejecutivo ha aprobado el reglamento que pone en marcha el Consejo de la Memoria Democrática, crea un registro oficial para las asociaciones memorialistas (incluidas las que operan en el extranjero por el exilio) y constituye formalmente una "Comisión de la Verdad". Este grupo de trabajo estará formado por hasta diez expertos independientes del ámbito universitario y de derechos humanos encargados de esclarecer abusos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio. El texto se centra en la estructura organizativa, aunque el funcionamiento ordinario de estos órganos consultivos y las posibles dietas de la comisión se asumirán con los presupuestos ordinarios del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

¿Quién sale ganando con esto?

Las asociaciones y colectivos memorialistas (tanto nacionales como de la resistencia y el exilio), que ahora tendrán un canal formalizado e interlocución directa con el Gobierno a través del Consejo de Memoria Democrática junto a sindicatos, patronal y ministerios.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

Se trata de órganos de asesoramiento y estudio. La Comisión de la Verdad no tiene facultades judiciales para juzgar o condenar, sino que su función se limita a elaborar un informe con conclusiones y recomendaciones. Además, para que las entidades del exilio o locales reciban reconocimiento oficial, deberán pasar el filtro de validación e inscripción del nuevo Registro Estatal.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de la constitución oficial de la Comisión de la Verdad, sus diez miembros tendrán un plazo máximo de 18 meses para presentar su informe final.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Regulación del Consejo de Memoria Democrática

Redacción burocrática original:

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa /Borja Puig de la Bellacasa La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto que regula la composición y funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática. Esta norma determina, además, la organización y el funcionamiento del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. Alegría ha explicado que el Consejo de Memoria Democrática, que presidirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contará con representación de distintos ministerios, profesionales de reconocido prestigio, representantes de entidades memorialistas, sindicatos y asociaciones empresariales. Por otra parte, el real decreto precisa qué entidades memorialistas podrán solicitar su inscripción en el Registro Estatal y establece que podrán inscribirse también las vinculadas al exilio y la resistencia fuera de España que desarrollen su actividad en otros países. El texto aprobado establece también la creación de la Comisión de la Verdad, destinada a contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura de Franco. La comisión estará integrada por un máximo de diez personas independientes de reconocido prestigio en el mundo académico o profesional y en el ámbito de los derechos humanos, y deberá dar cumplimiento a su cometido en un plazo de 18 meses desde su constitución con la entrega de sus conclusiones y recomendaciones.