El Gobierno aprueba su plan contra la pobreza infantil y la exclusión social

Un documento con 90 intenciones para atajar la desigualdad que incluye la subida de la ayuda por hijo a cargo para familias vulnerables.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha dado luz verde a la Estrategia Nacional contra la Pobreza y la Exclusión Social para el periodo 2019-2023. Se trata de una hoja de ruta con 90 líneas de actuación que busca frenar la pobreza en España, poniendo el foco prioritario en los niños, los jóvenes y las familias monoparentales (madres solas con hijos a cargo).

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo global desglosado en este acuerdo; se trata de un marco estratégico y regulatorio que servirá de guía para los próximos años. El dinero real dependerá de lo que se vaya presupuestando año tras año en planes de acción concretos, aunque ya incluye medidas previas con coste como la subida de la prestación por hijo a cargo (que sube de 291 a 431 euros al año, o hasta 588 euros en pobreza severa).

¿Quién sale ganando con esto?

Principalmente las familias con menores a cargo en situación de vulnerabilidad o pobreza severa, los jóvenes con dificultades para encontrar empleo y los usuarios dependientes de los servicios sociales básicos.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Mucha atención a las promesas sobre el papel! Gran parte del documento no son ayudas automáticas con dinero garantizado en el bolsillo, sino una declaración de intenciones ("líneas de acción") que exige que cada ministerio y las Comunidades Autónomas desarrollen planes específicos y pongan los fondos necesarios. Si no hay partidas presupuestarias reales en cada ejercicio ni coordinación autonómica, muchas medidas se quedarán en simples titulares.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

El marco de actuación abarca el periodo 2019-2023. Para la mayoría de las 90 medidas todavía no hay trámite abierto porque deben regularse en planes anuales posteriores; sin embargo, la subida de la asignación económica por hijo a cargo ya se gestiona a través de la Seguridad Social para los beneficiarios que cumplan los requisitos de ingresos.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social

Redacción burocrática original:

El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. El documento recoge noventa líneas de acción transversal, que serán concretadas anualmente a través de planes de acción específicos. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha explicado que el documento parte de la preocupación por las tasas de desigualdad y pobreza en España, que son más altas que la media de la Unión Europea y que afectan especialmente a los jóvenes, la infancia y las familias monomarentales. Carcedo ha afirmado que la pobreza, especialmente la infantil, "es una injusticia para quien la sufre, pero además supone una pérdida de talento y de potencial de crecimiento del país". Por ello, ha defendido que "toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades" y que el crecimiento económico se reparta "de manera inclusiva para ser capaces de romper el círculo de la pobreza". La Estrategia plantea, como primera meta fundamental, combatir la falta de recursos para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Entre las medidas destinadas a conseguirlo, Carcedo ha destacado el ingreso mínimo vital y ha explicado que ya se ha aplicado la primera decisión concreta mediante "el incremento de la asignación por hijo a cargo, que pasará de 291 a 431 euros anuales, y en caso de pobreza severa, a 588 euros". Pool Moncloa/JM CuadradoEl segundo objetivo se centra en la inversión social en las personas y en la prevención de futuras situaciones de necesidad. Carcedo ha puesto como ejemplo el impulso "a las políticas activas de empleo para las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral". Como tercera meta, la Estrategia señala la consolidación de los servicios públicos en general, y específicamente los sanitarios, educativos y sociales, "que para nosotros deben ser, de forma irrenunciable, universales y de calidad", ha afirmado la ministra. En la elaboración de este documento ha participado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y también se ha contado con los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales y los interlocutores sociales.