Sanidad toma el control de los laboratorios privados: prohibido hacerse test de COVID-19 sin receta médica

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que los ciudadanos están cumpliendo ejemplarmente las medidas "drásticas, estrictas y exigentes" recogidas en el estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo. Illa ha afirmado que, un mes después, los datos sobre la evolución diaria de la pandemia en España reflejan que se está doblegando la curva de contagios: "Alcanzamos el pico hace unos días y los datos que estamos viendo esta semana nos confirman que estamos doblegando la curva". No obstante, el ministro ha reiterado que aún seguimos en estado de confinamiento y que la desescalada no se ha iniciado. El Ejecutivo, ha explicado, está actuando con la "máxima prudencia" y estudiando con los responsables de las comunidades autónomas cómo y cuándo flexibilizar algunas de las medidas adoptadas. El titular de Sanidad ha afirmado que los trabajadores de actividades no esenciales, que han retomado su actividad tras finalizar el permiso retribuido recuperable, están cumpliendo la recomendación del Gobierno de mantener la distancia interpersonal y usar mascarilla cuando esto no es posible. Su regreso se ha producido con normalidad y sin incidentes destacables. Además, ha agradecido a organizaciones empresariales y sindicatos el diálogo mantenido con el Gobierno para conseguirlo y la adopción de medidas de protección de la salud y de prevención de riesgos en los centros de trabajo. El ministro ha recordado que el Boletín Oficial del Estado publica hoy una orden que tiene como objetivo asegurar que las pruebas de diagnóstico para detectar a las personas positivas por coronavirus se realicen, siguiendo criterios de "equidad y cohesión", en una única red dirigida por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Esta orden, ha concretado, pone a disposición de la máxima autoridad sanitaria de cada autonomía todos los establecimientos de titularidad privada que puedan hacer diagnósticos clínicos. La indicación para la realización de pruebas diagnósticas deberá ser prescrita por un facultativo. El ministro ha avanzado que tendrán preferencia las personas con sintomatología leve, las que pertenezcan a grupos de riesgo o sean vulnerables, como por ejemplo, las que estén en residencias de mayores. La norma recoge la posibilidad de que las autoridades sanitarias regulen una prestación económica como contraprestación por la realización de estas pruebas y la obligación de que las comunidades autónomas remitan esta información al Ministerio de Sanidad. Asimismo, Salvador Illa ha informado de que cualquier entidad de naturaleza pública o privada que adquiera test para hacer las pruebas diagnósticas debe comunicarlo a su comunidad autónoma con indicación expresa del material adquirido.