Contratos por escrito obligatorios a partir de 2.500 euros y veto a los abusos comerciales en el campo

El Gobierno prepara una ley para blindar a los productores agrarios frente a las prácticas desleales de los grandes intermediarios y cadenas de distribución.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno inicia la tramitación para endurecer la Ley de la Cadena Alimentaria. La medida obligará a formalizar un contrato por escrito en todas las compras y ventas agrícolas que superen los 2.500 euros. Además, crea una 'lista negra' de trampas comerciales terminantemente prohibidas y amplía la protección legal a los productos transformados (como aceites, quesos o conservas).

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Principalmente los agricultores, ganaderos, pequeños productores y cooperativas del campo español, que contarán con un respaldo legal más firme para evitar que los grandes distribuidores o intermediarios les impongan condiciones abusivas o acuerdos verbales a la baja.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

El papel lo aguanta todo, pero su utilidad real dependerá del número de inspectores que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y las comunidades autónomas pongan a pie de campo para sancionar las infracciones. Además, el texto contempla una 'lista gris' de prácticas comerciales que seguirán tolerándose bajo ciertas condiciones, lo que puede abrir la puerta a que los grandes compradores sigan esquivando las normas.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede aplicar. Se trata únicamente del inicio de un anteproyecto de ley que todavía debe recabar informes de la CNMC y el Consejo de Estado para luego ser debatido y votado en el Congreso de los Diputados antes de publicarse en el BOE.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Claves de la nueva norma

Redacción burocrática original:

Pool Moncloa/J.M.CuadradoLa nueva normativa prevé extender los contratos por escrito a todas las operaciones de más de 2.500 euros y amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas para adaptarlo a la normativa comunitaria. "Existe una lista negra, con prácticas que están en todo caso prohibidas, y una lista gris, que incluye las que pueden ser toleradas", ha explicado. La protección contra las prácticas desleales será siempre de aplicación cuando haya un operador español. Asimismo, se amplía la lista de productos objeto de cobertura para incluir también los transformados. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), vinculada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, será la encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario y sancionar las infracciones. Esta entidad coordinará también a las instituciones competentes en inspección y sanción de las comunidades autónomas. La previsión adelantada por el ministro es que el anteproyecto pueda ser definitivamente aprobado por el Gobierno en otoño para su remisión al Congreso de los Diputados. Antes debe ser objeto de informe preceptivo de las comunidades autónomas, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado. El anteproyecto estuvo sometido en abril a información pública y recibió 87 aportaciones de interesados del sector, y también fue debatido en el Observatorio de la Cadena Alimentaria.