Inyección urgente de 45 millones a Ceuta para evitar el colapso de sus servicios públicos
El Gobierno transfiere una partida extraordinaria a la ciudad autónoma para compensar el gasto por la crisis migratoria y sostener a empresas locales.
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El Gobierno transfiere una partida extraordinaria a la ciudad autónoma para compensar el gasto por la crisis migratoria y sostener a empresas locales.
Hacienda envía una partida urgente para evitar la asfixia financiera de la ciudad autónoma y pagar gastos de acogida y ayudas a comercios locales.
El Gobierno riega a la ciudad autónoma con dinero directo para pagar servicios básicos y le permite saltarse los límites legales de gasto presupuestario.
El Gobierno rescata las cuentas de la ciudad para sostener sus servicios básicos y le perdona tener que aplicar recortes si se endeuda de más en 2026 o 2027.
El Estado transfiere 45 millones de fondos públicos a la ciudad autónoma para sostener servicios básicos y le perdona cumplir las reglas fiscales hasta el 31-12-2027.
El nuevo decreto extiende los apoyos hasta el 31-12-2026, pero va reduciendo el descuento en la gasolina de 20 a 6 céntimos mientras limita la subida de la factura del gas.
Moncloa habilita espacios temporales y acelera las devoluciones a Marruecos mientras lanza una línea de garantías financieras para los negocios de la ciudad autónoma.
Los residentes de la isla pagarán un 60% menos de IRPF en 2026 y el sector agrario recibirá fondos y aplazamientos de deuda para paliar los destrozos de la erupción.
El Gobierno despliega un paquete económico para frenar la crisis en Ceuta con pagos directos, bonos turísticos y rebajas en Sociedades y Seguridad Social.
Los trabajadores evacuados o con casas dañadas podrán cobrar una prestación sin consumir paro, mientras los autónomos y empresas afectadas quedarán exentos de pagar cuotas.
Moncloa aprueba un ajuste técnico de última hora para salvar la evaluación de la Comisión Europea antes de la fecha límite de ejecución.
El nuevo Estatuto del Artista actualiza unas reglas de hace 40 años para proteger a 770.000 profesionales frente a la precariedad y regular a los menores en redes y espectáculos.
El Gobierno riega con 600 millones a la gran industria pesada y reserva 400 millones para particulares y pymes que adquieran vehículos eléctricos.
El Gobierno saca pecho de los datos de afiliación a la Seguridad Social, impulsados por la contratación de mujeres, jóvenes y trabajadores extranjeros.
El Gobierno retoca la jubilación flexible para permitir jornadas laborales de hasta el 80% y abre la puerta al trabajo por cuenta propia con condiciones.
El Estado asume parte del coste de las pólizas de agricultores y ganaderos para proteger la producción de alimentos frente al clima extremo.
El Gobierno eleva las ayudas para reconstruir caminos, regadíos y aliviar los seguros agrarios de los agricultores y ganaderos golpeados por las catástrofes.
El Gobierno saca pecho del mercado laboral tras ganar más de 223.000 cotizantes en abril gracias al empuje de mujeres, extranjeros y autónomos tecnológicos.
El Gobierno inicia la reforma de la prevención laboral tras 30 años: obligará a evaluar el estrés, adaptará los puestos a la edad del trabajador y eliminará los descuentos por pronto pago en las sanciones.
El Gobierno obliga por ley a trasladar las subidas del combustible a las facturas del transporte por carretera y reparte dinero directo para mercancías en tren y barco.