Subir los portes obligatoriamente cuando suba el diésel y 10 millones en ayudas para barcos y trenes

El Gobierno ha acordado nuevas medidas de protección del sector del transporte frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. El real decreto ley con estas actuaciones complementa el aprobado el 20 de marzo y debe convalidarse por parte del Congreso de los Diputados en el plazo de un mes desde que se publique en el BOE. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado la importancia del sector para el funcionamiento del país, tanto desde el punto de vista económico como social. El 95% del transporte interior de mercancías se realiza en España por carretera y a través de pequeñas o medianas empresas. En cuanto al transporte marítimo, desempeña un papel esencial tanto para los viajeros como para las mercancías, especialmente en los territorios extrapeninsulares. "No hablamos de un sector más, hablamos de un sector básico, de un pilar de nuestro modelo productivo y de nuestra cohesión territorial", ha afirmado Puente. El ministro ha explicado que la subida del precio de los combustibles está repercutiendo en los costes de las empresas de transporte, que no siempre pueden trasladarlos de manera inmediata a los precios de sus servicios, lo que dificulta el mantenimiento de la actividad, el empleo y la cadena logística. El plan de respuesta a la guerra -ha añadido- alivió el impacto del incremento de los costes energéticos, "pero hoy damos un paso más": el nuevo decreto ley refuerza el anterior aumentado la protección de la cadena de transporte y ampliando su alcance a sectores no cubiertos inicialmente. El titular de Transportes ha remarcado también que el conjunto de las medidas aprobadas hoy responde a un proceso de diálogo y de acuerdo con el sector. Desde el inicio del conflicto -ha apuntado-, los contactos han sido continuos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, representantes de las empresas ferroviarias privadas, los operadores marítimos y otros actores de la cadena logística. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Fernando Calvo El primer eje de actuación se dirige al transporte de mercancías por carretera, con un objetivo claro: asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladan de forma efectiva al precio del transporte, algo recogido en la normativa desde 2022 pero que una parte del sector no ha podido llevar a la práctica. Para generalizar esa traslación, el Gobierno consolida la obligatoriedad de la revisión del precio del transporte: a partir del 5% del incremento del precio del combustible, automáticamente tiene que producirse la revisión de los contratos de carga de los transportistas. Además, esa variación debe ser reflejada de manera expresa y detallada en la factura, con lo que se garantiza la transparencia y se facilita el control del cumplimiento de la obligación. También se introduce un régimen sancionador específico para el incumplimiento puntual o reiterado. "No podemos obligar ni permitir que los transportistas trabajen a pérdidas y que absorban exclusivamente sobre sus espaldas, y más teniendo en cuenta ese tejido empresarial formado sobre todo por pequeñas empresas y autónomos, los incrementos del precio del transporte", ha manifestado Puente. Asimismo, la norma actualiza la fórmula que permite calcular la revisión del precio del transporte en función del cambio en el coste del combustible para que sea dinámica y refleje el precio real del gasóleo en el momento en que se realiza el transporte. Un segundo eje de la norma está formado por medidas específicas para el transporte ferroviario de mercancías, que había quedado excluido del primer decreto ley y que, además del incremento del precio del gasóleo o la energía eléctrica, se enfrenta a la "multitud de obras" que se están desarrollando en la red ferroviaria, según ha señalado Puente. El ministro ha remarcado que, aunque el peso del transporte terrestre de mercancías por tren representa solo el 4% del total, es una apuesta de futuro, por lo que es necesario mantener su rentabilidad. La meta es que ese porcentaje se eleve hasta el 10% antes del año 2030 y, más adelante, se equipare con la media europea, que se sitúa en el 17%. Las ayudas en este caso son a fondo perdido y se concederán por vehículo: 15.000 euros por cada locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros. El transporte marítimo es el tercer eje de las medidas, que amplían el ámbito de las ayudas existentes para incluir de manera expresa los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos balear y canario y de Ceuta y Melilla, y entre puertos de los archipiélagos. A los 30 millones de euros habilitados inicialmente, se suman de este modo otros 7 millones para reforzar la conectividad y garantizar que estos territorios cuenten con un sistema de transporte eficiente y competitivo. El decreto ley, según ha detallado Óscar Puente, se completa con clarificaciones y ajustes del marco existente, como la inclusión de más colectivos en el sistema de ayudas aprobado el 20 de marzo y la adaptación de esas medidas a territorios con características específicas.