Hacienda no cobrará IRPF a las víctimas de abusos en la Iglesia ni a las ayudas de la DANA y desbloquea 1.300 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que elimina la carga fiscal de determinadas ayudas e indemnizaciones, mejora distintas prestaciones para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida e incorpora medidas fiscales para autónomos, empresas, comunidades autónomas y ayuntamientos. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido que las víctimas deben situarse siempre en el centro de cualquier política pública y sin cálculos partidistas. "La política fiscal no puede ser ajena a las personas, especialmente cuando se atraviesa algún tipo de catástrofe", ha expuesto España. El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa El texto establece que las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica no tributarán en el IRPF. Estas indemnizaciones corresponden al acuerdo firmado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos para establecer un sistema de reparación a las víctimas de esos abusos. El titular de Hacienda ha señalado que, aunque "no existe dinero que pueda curar las profundas heridas que ha supuesto esta tragedia", el acuerdo supone un logro de las asociaciones de víctimas, el Gobierno, la Santa Sede y otras instituciones eclesiásticas. "Si apoyamos y acompaños a las víctimas, estamos haciendo que nuestro país sea mejor, y el sistema fiscal no puede ser ajeno a esta sensibilidad", ha afirmado. Por otra parte, el real decreto ley mejora las prestaciones de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, asimilando estas situaciones a los accidentes laborales. Este cambio incrementará las prestaciones que perciben las víctimas, tanto las de incapacidad temporal como las pensiones de incapacidad permanente, viudedad u orfandad. El texto refuerza también las medidas para paliar los daños causados por la DANA de 2024. Arcadi España ha explicado que el Gobierno estableció un mecanismo para permitir que la Generalitat Valenciana contara con el "músculo financiero" necesario para afrontar esos gastos extraordinarios, lo que requirió una habilitación legal. De esta forma, en los años 2024 y 2025, el Ejecutivo puso 3.064 millones de euros a disposición de la Generalitat, que empleó 1.600 millones. La petición de la Generalitat para el año 2026 es de 1.300 millones, pero la habilitación legal para la aportación se incluía en otro real decreto ley que decayó en el Congreso. El ministro de Hacienda ha pedido a la oposición que apoye el nuevo texto, que debe convalidarse en el plazo máximo de un mes. Arcadi España ha remarcado también el respaldo financiero del Gobierno a los ayuntamientos afectados por la DANA, a los que ya se han transferido 1.745 millones de euros. Hacienda asume ahora otra petición de esos alcaldes y alcaldesas: flexibilizar las reglas fiscales para que los gastos derivados de la DANA no se contabilicen a efectos de su cumplimiento. En total, las medidas adoptadas en 2024 y 2025 para la reconstrucción sumaron 9.226 millones de euros, de los que casi el 80% fueron asumidos por la Administración central. "El Gobierno de España ha actuado directamente, ha apoyado a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos y ha liderado la respuesta social, económica y financiera", ha manifestado España. Por último, el real decreto ley recoge un conjunto de exenciones fiscales. Entre ellas, el titular de Hacienda ha destacado que se declaran exentas de tributación las donaciones de entidades sin ánimo de lucro como Cáritas o Cruz Roja a las personas afectadas por la DANA. Estas organizaciones, ha añadido, complementan y amplían la acción de las administraciones públicas, "y era de justicia que tuvieran un trato similar a otro tipo de ayudas". Otra exención beneficia a las ayudas que perciben las víctimas de incendios forestales como los sucedidos el verano pasado. "Cuando se ha producido una catástrofe o un suceso trágico, el Gobierno va a estar acompañando en primer lugar a las víctimas, y también a todas las administraciones, independientemente de su color político, en la recuperación, reconstrucción y reparación, cuando sea posible, de los daños", ha concluido España.