Volver a PortadaReunión del Consejo: 14-07-2020
14-07-20202 min de lectura5 visitas

Sanidad pasa la pelota a las autonomías para frenar futuros rebrotes de coronavirus

El Gobierno presenta una guía básica de actuación frente al virus que exige a las regiones tener reservas de material médico para dos meses.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha presentado el borrador de una hoja de ruta para coordinar cómo actuar si vuelven a dispararse los contagios de coronavirus. Básicamente, fija unos mínimos comunes para que las comunidades autónomas rastreen casos, hagan pruebas diagnósticas y mantengan reservas de material sanitario para aguantar al menos ocho semanas por su cuenta.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos en este acuerdo; se trata de un cambio normativo o regulatorio y organizativo. No obstante, el gasto real en personal de rastreo, pruebas de laboratorio y compras de material sanitario de reserva correrá a cargo de los presupuestos de sanidad de cada comunidad autónoma.

¿Quién sale ganando con esto?

La ciudadanía en general si las administraciones consiguen coordinarse a tiempo y evitar confinamientos totales. También las empresas suministradoras de material médico y laboratorios de diagnóstico, que recibirán contratos para nutrir los almacenes estratégicos.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Aunque Sanidad presenta la medida, traslada casi toda la responsabilidad y el coste a los gobiernos autonómicos. Si una comunidad no contrata a suficientes sanitarios, no compra las mascarillas y respiradores necesarios para dos meses o falla en la vigilancia de 24 horas, el plan quedará en papel mojado y la atención médica dependerá de la solvencia y gestión de cada región.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún es un borrador. El documento tiene que ser debatido y aprobado de forma definitiva junto con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud antes de que sus exigencias sean obligatorias.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Plan de respuesta temprana

Redacción burocrática original:

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado al Consejo de Ministros sobre el borrador del "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por el COVID-19", que resume, recoge y ordena las medidas adoptadas para hacer frente a la enfermedad en el escenario actual y ante un posible aumento de los rebrotes en el futuro. El plan fue trasladado ayer a las comunidades autónomas para que hagan sus aportaciones antes de su aprobación definitiva en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Salvador Illa ha incidido en que "el protagonismo en el control de la pandemia corresponde a las comunidades". El objetivo del plan es doble: reducir el impacto de la pandemia mediante el fortalecimiento de intervenciones rápidas, oportunas y eficaces y, al mismo tiempo, preparar las capacidades de España frente a un posible incremento de la transmisión. El titular de Sanidad ha explicado que si la situación epidemiológica lo exige, se podrán adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias comunidades, que serán discutidas y aprobadas en el Consejo Interterritorial. Illa ha mantenido que la detección y respuesta tempranas son claves. Para posibilitarlas, las comunidades deben garantizar recursos humanos suficientes; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante un posible aumento de la demanda diagnóstica, e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos. El plan establece que las comunidades autónomas dispondrán de una reserva de productos críticos para combatir la enfermedad que pueda cubrir las necesidades durante ocho semanas. El Gobierno tendrá una reserva equivalente al 25% del consumo medido total declarado por las comunidades durante dos meses. El documento contempla que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) realizará una evaluación de riesgo en coordinación con la comunidad autónoma correspondiente para evaluar la posibilidad de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida. El texto también incluye cómo actuar en entornos específicos, como centros educativos, sanitarios, laborales, en poblaciones socialmente vulnerables y en lugares con alta concentración de personas. El ministro ha precisado que, desde que empezó el periodo de desescalada, se han comunicado 171 brotes, de los que 120 están activos y afectan a 2.139 personas: "Estamos trabajando de forma fluida con las comunidades autónomas y la mayoría de los brotes están controlados".