Adiós a los anuncios de casas de apuestas en televisión y en las camisetas de fútbol

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha argumentado que con esta decisión, el Ejecutivo responde a la demanda social creciente que solicita mayor protección de la salud pública, de los colectivos más vulnerables -como los menores de edad y los jóvenes- y de los consumidores en su conjunto. Alberto Garzón ha detallado que se prohíben los anuncios de juegos de apuestas en radio y televisión, a excepción del tramo horario de 1 a 5 de la madrugada. Incluso en este tramo, los mensajes que se publiquen estarán enormemente restringidos y no podrán estimular el uso compulsivo del juego. También estarán prohibidos anuncios de estas características en Internet, redes sociales y prensa on line. Las personas famosas o personajes, reales o ficticios, de relevancia o notoriedad pública, no podrán participar en anuncios de juegos de apuestas, dado que ejercen una influencia enorme, en especial entre los jóvenes. Garzón ha añadido que los clubes deportivos no podrán llevar publicidad de juegos de azar en sus equipaciones. Además, se prohíbe que las casas de apuestas patrocinen eventos, instalaciones y actividades deportivas. Tampoco se permitirá que los operadores de juegos utilicen bonos promocionales para atraer a nuevos jugadores. Las empresas solo podrán dirigir sus ofertas a clientes registrados y verificados y, en ningún caso, a personas que hayan mostrado comportamientos patológicos en la actividad del juego. La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, no podrán firmarse nuevos contratos contrarios a sus disposiciones. El titular de Consumo ha explicado que los contratos en vigor tendrán una moratoria de una temporada deportiva, es decir, hasta agosto de 2021: "Una vez extinguidos no podrán ser renovados, por lo que, a partir de esa fecha, no podrá existir ningún tipo de publicidad de este tipo de actividad". El ministro considera que este plazo es razonable porque permitirá a los operadores de juegos de apuestas y a las empresas vinculadas tener tiempo suficiente para adaptar sus relaciones comerciales, de financiación y garantizar la viabilidad económica de sus negocios. El incumplimiento de la norma supondrá multas de entre 10.000 y un millón de euros y la suspensión de la actividad empresarial.