El Gobierno te obligará a negociar antes de demandar a un banco o a un vecino para descongestionar los juzgados

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que se completará en el primer semestre de 2021 con la mejora de la eficiencia organizativa y digital. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que el objetivo del Gobierno es abordar la "inaplazable modernización de la administración de justicia", poniendo al ciudadano "en el centro de toda gestión" y facilitándole su acceso a un sistema ágil que permita que el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva "sea cada vez más real". Campo ha explicado que es fundamental reducir la litigiosidad, que ha aumentado a consecuencia de la pandemia por el COVID-19 pero que ya era antes muy elevada, con la consiguiente dilatación de los tiempos de resolución: "Solo en el año 2019 entraron en nuestros juzgados y tribunales 6,2 millones de asuntos nuevos, de los que se pudo dar respuesta a 3 millones". Con este objetivo, uno de los ejes principales de la nueva ley es el refuerzo de los medios adecuados de solución de controversias -como el tercero neutral, la conciliación, el arbitraje o la mediación- que permitan acometer las situaciones de conflicto sin tener que llegar hasta los tribunales de justicia. Su utilización se fomentará a través de incentivos fiscales y en materia de costas, con unidades de asesoramiento a la ciudadanía y con medidas como que el intento de negociación tenga categoría de requisito de procedibilidad, de modo que, si no se lleva a cabo previamente, no se dará curso a una demanda en los ámbitos civiles y mercantiles. Si, gracias a estos mecanismos, se lograra que uno de cada cuatro asuntos no llegara a los tribunales, se descargaría al sistema judicial de más de medio millón de asuntos y se ahorrarían 380 millones de euros "que se podrían recanalizar en otros ámbitos", ha dicho el ministro. El segundo eje de la ley lo conforman la optimización de los recursos y la agilización de los procesos de forma eficiente, eficaz y con plena seguridad jurídica. Así, se potencian las sentencias orales en todos los órdenes jurisdiccionales y se extiende el uso de mecanismos para la gestión de litigios masivos como el procedimiento testigo y la extensión de efectos en la litigación en masas. También se amplía, en el ámbito civil, el juicio verbal, y se establece un nuevo recurso de casación civil. La transformación digital, ha señalado el ministro, deberá intensificarse para evitar desplazamientos innecesarios a sedes judiciales, lo que permitirá proteger la salud y ahorrar costes. Para ello, se regulan sistemas de identificación y autentificación, se generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia, y se establece, como novedad, un registro electrónico de apoderamientos apud acta que permitirá su otorgamiento telemático. Juan Carlos Campo ha afirmado que este proyecto de ley es una más de las iniciativas de mejora que el Gobierno está adoptando como parte de la Estrategia Justicia 2030. Entre ellas, ha repasado, el Plan de Choque para apoyar la gestión en los juzgados de lo social, de lo mercantil y de lo contencioso-administrativo durante la pandemia, la aprobación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID en el ámbito de justicia, o la creación de 33 nuevas unidades judiciales.