Volver a PortadaReunión del Consejo: 20-07-2021
20-07-20212 min de lectura1 visitas

Mano dura contra las reseñas falsas en internet, la publicidad encubierta y la reventa de entradas con 'bots'

El Gobierno prepara multas de hasta un millón de euros para frenar los timos online y obligará a las webs a avisarte si te inflan el precio según lo que buscas.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

Un cambio de ley para frenar los abusos y engaños en las compras por internet. Se prohibirán por fin las valoraciones y reseñas falsas o pagadas por marcas, la publicidad encubierta en redes sociales y el uso de programas automáticos ('bots') para acaparar entradas de conciertos y espectáculos. Además, las tiendas online tendrán que avisarte si te están cobrando más caro por haber rastreado previamente tus búsquedas en internet. Quienes incumplan se arriesgan a multas de hasta un millón de euros (u ocho veces el beneficio sacado con la trampa) y hasta el 4% de su facturación si la estafa abarca varios países de la Unión Europea.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos; se trata de un cambio normativo o regulatorio.

¿Quién sale ganando con esto?

Cualquier ciudadano de a pie que compre por internet o intente conseguir entradas para un concierto o evento deportivo sin tener que pagar precios inflados en la reventa. También ganan los comercios honestos que no pagan por inflar sus opiniones.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

La gran trampa de esta medida es la capacidad real de vigilarla. Sobre el papel queda muy bien prohibir las opiniones falsas y los bots, pero rastrear quién está detrás de miles de reseñas manipuladas en plataformas gigantes exige peritos informáticos, medios técnicos e inspectores con los que la administración apenas cuenta. Además, la aplicación de muchas sanciones dependerá de que las Comunidades Autónomas pongan personal e interés en investigar; si no hay medios sobre el terreno, la norma se quedará en un simple brindis al sol.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no está en vigor. Es únicamente el inicio del trámite (un anteproyecto de ley), por lo que todavía tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, debatirse, votarse y publicarse oficialmente en el BOE.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Aumento de la protección a los consumidores

Redacción burocrática original:

Garzón ha explicado que, en la actualidad, existe una asimetría de poder entre los grandes operadores y los consumidores, por lo que la futura norma sitúa a España en los mismos estándares europeos en la protección de los derechos de las personas consumidoras. Además contribuirá, junto con las herramientas de las que dispondrán las comunidades autónomas, a que no se produzcan fraudes y abusos en los precios de los bienes y servicios y evitará la distorsión del mercado. El ministro ha destacado que se sancionarán las infracciones que afecten a la unidad de mercado y a la competencia, cuando sucedan en varios Estados de la Unión Europea o cuando el infractor no esté localizado en España en caso de comercio electrónico. Las sanciones llegarán a un millón de euros o a ocho veces el beneficio ilícito si se cometen solo en nuestro país y hasta el 4% del volumen de negocio anual de la empresa que haya cometido el fraude o el abuso en varios Estados miembros. Alberto Garzón ha precisado que la reforma recoge, por primera vez, la prohibición de publicidad encubierta en redes sociales y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos vendidos por Internet. "Garantizamos que la persona que va a recibir un bien o servicio a través de Internet tenga claro que las opiniones están respaldadas por una experiencia vivida o por el consumo del producto y no por una estrategia comunicativa que busca distorsionar la información veraz", ha dicho. El texto del anteproyecto también recoge la venta de entradas de espectáculos como una práctica desleal cuando el uso de 'bots' impida el acceso de los consumidores a la compra por los canales habituales. Asimismo, las empresas tendrán que informar a los clientes si les ha ofrecido un precio individualizado del producto o servicio tras haber obtenido información automatizada sobre sus navegaciones anteriores.