Reforma del aborto y salud sexual: fin a los tres días de reflexión, anticonceptivos gratis y bajas por reglas dolorosas

El Gobierno aprueba el proyecto de ley que garantiza el aborto en la sanidad pública, crea bajas laborales por menstruación incapacitante y otorga un permiso preparto en la semana 39.

Ver acuerdo oficial en la web de La Moncloa

Enlace directo al comunicado institucional original publicado por el Gobierno de España.

¿Qué han aprobado exactamente?

El Gobierno ha dado luz verde a la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva. El cambio clave es que el aborto se garantiza en la sanidad pública (en el hospital más cercano), se suprimen los tres días obligatorios de reflexión y las chicas de 16 y 17 años podrán decidir sin permiso paterno. Además, se crea una baja médica pagada por el Estado para reglas incapacitantes, un permiso retribuido desde la semana 39 de embarazo, la píldora del día después gratis en centros de salud y reparto de anticonceptivos y productos menstruales en institutos y cárceles.

¿Cuánto nos va a costar a todos los españoles?

No tiene coste directo de fondos públicos cerrado en el acuerdo; se trata de un cambio normativo y regulatorio, aunque conllevará gasto posterior para las arcas públicas en la cobertura de las nuevas bajas médicas asumidas por la Seguridad Social y en las compras de material sanitario e higiénico.

¿Quién sale ganando con esto?

Las mujeres en general, y especialmente las jóvenes de 16 y 17 años, las trabajadoras que sufren dolores menstruales severos diagnosticados y las futuras madres a punto de dar a luz. También los estudiantes y colectivos en exclusión que tendrán acceso sin coste a anticonceptivos y productos de higiene femenina.

¿Tiene letra pequeña o trampa?

¡Ojo aquí! Aunque la norma prometa que la intervención se hará en el hospital público más cercano, el éxito real dependerá de cómo organicen las Comunidades Autónomas el registro de objetores de conciencia para que haya médicos disponibles. Asimismo, la baja por regla dolorosa no será de concesión automática: exigirá un historial y parte de incapacidad médica. Por último, la compra y reparto de productos en colegios e institutos dependerá de la ejecución presupuestaria de cada gobierno autonómico.

¿A partir de cuándo se aplica o qué hay que hacer?

Por ahora nada: aún no se puede solicitar ninguna de estas medidas. Se trata de un proyecto de ley que debe tramitarse, debatirse y votarse en el Congreso de los Diputados y en el Senado antes de su publicación definitiva en el BOE y su posterior entrada en vigor.

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Texto administrativo original de La Moncloa (para verificación)

Titular oficial:

Interrupción voluntaria del embarazo y anticoncepción

Redacción burocrática original:

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Javier de Amescua La nueva ley garantizará el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, que será la de referencia. Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación. Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir acerca de su embarazo y desaparecen, para todos los casos, las exigencias actuales de información previa y tres días de reflexión. La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias. Por su parte, los métodos anticonceptivos se distribuirán sin coste en institutos, centros penitenciarios y centros asociados a los servicios sociales, se priorizarán los de última generación y se promocionará la corresponsabilidad, ya que esta cuestión "no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres como ocurre actualmente", ha señalado Irene Montero. La ley, ha continuado la ministra, también atiende a los derechos de las mujeres que deciden ser madres. Además de establecer medidas de acompañamiento en el embarazo y de promover buenas prácticas gineco-obstétricas y el parto respetado, se ha creado un nuevo permiso desde la semana 39 de gestación que no restará tiempo al de maternidad. Asimismo, se regula por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes y se dispensarán gratis productos de higiene menstrual en centros educativos, penitenciarios y sociales para combatir la pobreza menstrual irregular. Además, la norma reconoce como violencias contra las mujeres la explotación reproductiva, el aborto y el embarazo forzados, y la esterilización y anticoncepción forzosas, en consonancia con el Convenio de Estambul. Irene Montero ha destacado que con la entrada en vigor de la ley la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas. La ministra ha hecho referencia a algunos estudios según los cuales casi el 70% de los estudiantes y las estudiantes de Secundaria dicen que la educación sexual que han recibido no ha sido útil para su vida sexual y que son Internet y los amigos y amigas las fuentes principales de información para el acceso a diferentes conocimientos. "El aprendizaje de la sexualidad se da con apoyos adecuados o sin ellos y, con esta ley, este Gobierno de coalición progresista y feminista quiere asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país a una educación sexual integral que les permita conocer todos sus derechos, sus cuerpos y construir relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento y en los buenos tratos", ha concluido Montero.